Dos documentos clave, junto con el análisis de un exdirector de la DIAN, coinciden en que los decretos de emergencia económica no cumplen los requisitos constitucionales. El debate entra en su fase definitiva y podría redefinir el alcance del poder fiscal del Ejecutivo.

La discusión sobre las emergencias económicas decretadas por el Gobierno nacional llegó a su punto más crítico en la Corte Constitucional. Dos ponencias independientes coinciden en pedir que se tumben los decretos, mientras expertos como el exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, advierten que su uso podría sentar un precedente riesgoso para el manejo fiscal del país.

El debate no solo es jurídico. También tiene implicaciones profundas sobre la forma en que el Estado responde a crisis y sobre los límites del Ejecutivo para tomar decisiones económicas sin pasar por el Congreso. En juego está el equilibrio entre la urgencia de actuar y el respeto por el orden institucional.

Cuestionamientos de fondo

De acuerdo con Semana, una de las ponencias más contundentes proviene de José Fernando Reyes Cuartas, quien pidió declarar inconstitucional el decreto que declaró la emergencia por la ola invernal.

El expresidente de la corte constitucional advierte que, aunque la situación climática es grave, eso no justifica automáticamente el uso de poderes excepcionales. En su análisis, el decreto no supera el control constitucional estricto que exige este tipo de medidas.

“El fenómeno hidrometeorológico que motivó la declaratoria es grave y exige una respuesta estatal decidida. Pero precisamente por esa gravedad, el control constitucional debe ser estricto. El Decreto 0159 de 2026 no supera ese examen”.

Entre los principales reparos, señala que el Gobierno no demostró que las herramientas ordinarias fueran insuficientes, lo que representa una falla en el requisito de necesidad constitucional. Además, cuestiona que la emergencia se haya utilizado para impulsar reformas estructurales, lo que rompe la relación directa con la crisis que se pretende atender.

Otra ponencia en la misma línea

El Espectador señaló que el segundo golpe a la estrategia del Gobierno proviene del magistrado Carlos Camargo Assis, quien presentó un proyecto para tumbar el decreto de emergencia económica expedido en diciembre de 2025.

Su ponencia sostiene que los problemas fiscales que motivaron la medida no eran imprevisibles ni excepcionales, condiciones esenciales para declarar un estado de emergencia. Esta posición coincide con la decisión previa de la Corte de suspender provisionalmente el decreto, en un hecho sin precedentes dentro del alto tribunal.

La discusión en Sala Plena, prevista para los próximos días, podría confirmar una tendencia mayoritaria: seis magistrados se inclinarían por declarar la inconstitucionalidad, lo que consolidaría una postura estricta frente al uso de estos mecanismos.

El análisis técnico

Desde el frente económico, el exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, señaló para este medio que respalda la idea de que las emergencias deben caerse. Su concepto, solicitado por la Corte, apunta a un problema de origen: no se trata de una crisis inesperada, sino de errores acumulados.

“Lo que planteo en mi concepto es que este decreto de emergencia diagnosticaba efectivamente una crisis, pero era una crisis provocada por el mismo gobierno que creó o dejó crecer unas decisiones fiscales de manera equivocada”, advirtió el exdirector.

Junco sostiene que el país no enfrenta un choque externo ni una situación sobreviniente, sino una consecuencia de mala planeación fiscal. Según explica, el Gobierno habría sobreestimado ingresos y evitado hacer ajustes necesarios en el gasto.

“El gobierno convirtió una mala gestión presupuestal en un supuesto hecho sobreviniente, es decir, convirtió su mala gestión, su mala preparación, su mala planeación en como si fuera un desastre natural masivo o como si fuera una pandemia”, aseguró.

El exfuncionario también advierte que no se cumplieron los tres requisitos clave que exige la Constitución: hechos nuevos, gravedad e insuficiencia de herramientas ordinarias. En su opinión, el Ejecutivo tenía alternativas como recortar gasto, mejorar el recaudo o acudir al Congreso.

“Acá lo que tenía que haber hecho el gobierno era disminuir el gasto para poder atender la supuesta emergencia económica, no lo hicieron”.

Más allá del caso puntual, Junco lanza una alerta sobre el uso reiterado de estas figuras. Considera que recurrir a emergencias para resolver problemas, donde se imponen impuestos y decisiones sin el debido debate democrático. “Si siguen utilizando este mecanismo cada vez esta herramienta se va a usar sobre problemas que en realidad son estructurales y de mediano plazo, es decir, vamos a pasar a tener una dictadura fiscal”, concluyó Junco.