La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal cuestiona con dureza los aplazamientos en el caso del asesinado ganadero Esteban Urueta y denuncia que la justicia en Colombia termina favoreciendo a los criminales mientras las víctimas siguen esperando respuestas.

La justicia colombiana vuelve a quedar en entredicho. Una vez más, una audiencia clave en el proceso por el homicidio del ganadero sucreño Esteban Urueta González y sus trabajadores Gerardo de los Santos Marzola y Fredys Manuel Beleño Acosta, fue aplazada.

La escena se repite como un patrón conocido: la defensa de los acusados apela a recursos procesales que terminan favoreciendo a los presuntos victimarios y prolongando la espera de los familiares. Mientras tanto, el dolor de quienes perdieron a sus seres queridos se convierte en una larga agonía jurídica que deja la sensación de que en Colombia la justicia no protege a las víctimas, sino a los criminales.

El triple homicidio, ocurrido en 2023 y perpetrado con sevicia en el municipio de Chimá, Córdoba, estremeció a la región Caribe y al sector ganadero del país. Según la Fiscalía, los acusados Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés serían responsables de los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego y destrucción de elementos materiales probatorios. Las víctimas fueron asesinadas y enterradas en una fosa clandestina, un hallazgo que puso en evidencia la crueldad de estructuras criminales dedicadas al abigeato.

Sin embargo, a un año de los hechos, el proceso judicial parece avanzar a paso de tortuga. La audiencia preparatoria, programada para el pasado 29 de agosto, terminó suspendida luego de que el abogado defensor, Lesmer Quintero Argel, solicitara un nuevo aplazamiento, argumentando la imposibilidad de asistir por coincidir con otra diligencia. El juez aceptó la solicitud y reprogramó la audiencia para el 3 de octubre, repitiendo una dinámica que se ha convertido en una burla para los familiares de las víctimas y para la sociedad que espera resultados.

Otra vez aplazada la audiencia por el asesinato de Esteban Urueta y sus trabajadores en Chimá - Córdoba.

La justicia no puede seguir siendo cómplice del crimen por omisión.

Mientras los victimarios dilatan, las víctimas cargan con la burla del sistema.

¡En mi gobierno eso no… pic.twitter.com/HPsstD774b

— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) September 2, 2025

Estrategia de dilaciones que alimenta la impunidad

Las familias de Urueta y sus trabajadores no ocultan su indignación. Consideran que estas maniobras constituyen un abuso del derecho a la defensa y que el sistema judicial, al aceptar de manera sistemática estas solicitudes, termina revictimizando a quienes claman justicia. La pregunta que se repite en este y otros casos similares es si el equilibrio entre garantías procesales y derechos de las víctimas se ha roto de forma irreparable.

El Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) consagra el derecho de los acusados a una defensa adecuada, pero también reconoce la obligación del Estado de garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas. Sin embargo, cuando las suspensiones se acumulan por causas atribuibles a los acusados o a su defensa, el debido proceso se convierte en excusa para perpetuar la impunidad. No se trata de una discusión menor: el exceso de garantías para unos termina convirtiéndose en un calvario para otros.

Analistas consultados han advertido que la reiterada aceptación de estas solicitudes por parte de los jueces configura un “exceso de formalismo” que erosiona la confianza ciudadana en la justicia. Y esa erosión tiene un costo: la percepción de que en Colombia las instituciones no protegen a los ciudadanos de bien, sino a los criminales que encuentran en los vacíos del sistema un aliado inesperado. (Lea en CONtexto ganadero: Retrasan juicio por asesinato de Esteban Urueta, ¿señalados autores terminarán burlándose de la justicia?)

Indignación política: Cabal entra al debate

El aplazamiento del caso desató reacciones políticas. La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se pronunció a través de un video en el que denunció la complicidad de la justicia con el crimen por omisión. “Otra vez aplazada la audiencia por el asesinato de Esteban Urueta y sus trabajadores en Chimá. La justicia no puede seguir siendo cómplice del crimen por omisión. Mientras los victimarios dilatan, las víctimas cargan con la burla del sistema. ¡En mi gobierno eso no pasará!”, afirmó con contundencia.

Cabal, quien ha hecho de la seguridad y la lucha contra el crimen uno de los pilares de su discurso político, criticó el doble rasero del sistema judicial: “No podemos seguir viendo cómo las víctimas están de rodillas frente a la justicia y los victimarios se burlan recibiendo todas las garantías. Eso no puede seguir sucediendo en Colombia. Necesitamos una justicia que proteja al ciudadano de bien y sea dura con los criminales”.

Sus declaraciones no solo recogen la frustración de los familiares, sino que también conectan con un sentimiento extendido en el país: el de una justicia lenta, complaciente y muchas veces ineficaz frente al delito. El mensaje apunta a un electorado cansado de la inseguridad y de un aparato judicial que parece más preocupado por los derechos de los delincuentes que por la protección de las víctimas.

El trasfondo: crimen organizado y abigeato

El caso Urueta no es un hecho aislado. El triple homicidio está vinculado a una red criminal de abigeato, un delito que golpea con fuerza al sector ganadero de los departamentos de Sucre y Córdoba. El robo sistemático de reses no solo representa pérdidas económicas millonarias, sino que también se ha convertido en una fuente de violencia. La muerte de Urueta y sus trabajadores fue la consecuencia brutal de este entramado criminal que afecta a miles de productores.

La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) ha advertido que este tipo de crímenes no solo dejan víctimas directas, sino que generan un clima de inseguridad en el campo, ahuyentan la inversión y debilitan la producción. Más de 700.000 ganaderos esperan que la justicia actúe con firmeza y sienten que cada aplazamiento en el caso Urueta es un golpe a la esperanza de que el Estado proteja al sector.

La deuda pendiente: justicia para las víctimas

Lo que está en juego no es solo la resolución de un caso judicial, sino la credibilidad de todo un sistema. Cada vez que una audiencia se suspende, cada vez que los acusados ganan tiempo en los estrados, se envía un mensaje peligroso: en Colombia, el crimen paga. Y mientras tanto, las familias de las víctimas quedan atrapadas en una espera que duele tanto como la pérdida misma.

El próximo 3 de octubre será la nueva fecha señalada para retomar el proceso. Para muchos, se trata de la última oportunidad de que la justicia se sacuda de la inercia y avance hacia un fallo que reivindique la memoria de Esteban Urueta y sus trabajadores. Si no ocurre, el caso terminará engrosando la larga lista de crímenes que permanecen impunes en Colombia.

El país enfrenta así un dilema central: o fortalece una justicia que actúe con celeridad y firmeza, o seguirá consolidando un sistema que, en la práctica, favorece a los delincuentes. En esa encrucijada, el caso Urueta se convierte en un espejo de lo que la sociedad colombiana no quiere seguir siendo: un país donde los criminales celebran y las víctimas lloran.