Mientras crece la angustia de la familia del joven reportero, presuntamente asesinado por las disidencias de alias ‘Calarcá’, y se multiplican las alertas desde Antioquia, las reacciones del presidente Gustavo Petro han optan por la respuesta institucional frente a la violencia contra la prensa y el avance de los grupos armados en los territorios.

Más allá de la desaparición y presunto asesinato de Mateo Pérez Rueda, que tiene en vilo a su familia y a todo el país, lo que vuelve a estremecer es el ataque directo contra el ejercicio periodístico en una región marcada por la presencia de actores armados ilegales. En Colombia, informar en ciertas zonas sigue siendo una actividad de alto riesgo.

El caso de Mateo Pérez, de 25 años, desaparecido en Briceño, Antioquia, volvió a poner sobre la mesa la fragilidad de las garantías para quienes ejercen el oficio de contar lo que ocurre en los territorios. A la incertidumbre de sus familiares se sumó una controversia política tras el pronunciamiento del presidente Petro, quien, de manera algo escueta, afirmó que hasta ahora no existe confirmación oficial de su muerte. El mandatario respondió a la periodista Ana Bejarano Ricaurte, quien había escrito: “Señor presidente, este joven periodista perdió su vida por ejercer su oficio en una zona controlada por alias ‘Calarcá’, un gestor de paz reconocido por su gobierno. Por favor ayude a su familia a recuperar su cuerpo”.
Petro contestó: “Señora periodista, nada indica por ahora lo que usted dice. La fuerza pública hace lo propio y lo busca. En la zona operan todos los grupos en conflicto, no solo uno; con ninguno hay cese al fuego. No predetermine ni prejuzgue, apenas exista información oficial se entregará a la ciudadanía”.

Sus palabras generaron cuestionamientos. Mientras desde la comunidad, autoridades locales y distintos sectores se insiste en que el joven habría sido asesinado, desde la Casa de Nariño se mantiene una postura de cautela que para muchos termina desdibujando la gravedad de lo ocurrido.

Señora periodista, nada indica por ahora lo que usted dice la fuerza pública hace lo propio y lo busca. En la zona operan todas los grupos en conflicto no solo uno, con ninguno hay cese al fuego.

No pre determine ni pre juicie, apenas exista información oficial se entregará a… https://t.co/d9QSY1W4he

— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 7, 2026

Antioquia activa respuesta en terreno

Desde Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón anunció su desplazamiento al municipio de Yarumal. “Les he pedido a los papás del joven Mateo Pérez, desaparecido a manos de Farc Calarcá, que me reciban. Dos caminos para conocer la suerte del estudiante de ciencias políticas: la misión humanitaria o la acción contundente de la Fuerza Pública para que ingrese a la zona. Lo más importante es darles sosiego y certezas a los suyos que esperan noticias desde hace tres días”.
Se trató de un mensaje que puso el foco en la urgencia de respuestas inmediatas y en la necesidad de una reacción institucional firme frente a los grupos armados ilegales.

Más allá de la búsqueda de Mateo Pérez, la declaración deja sobre la mesa una exigencia cada vez más visible desde los territorios: que el Estado responda con autoridad y contundencia ante la criminalidad. En palabras del propio mandatario departamental, se requiere “acción contundente de la Fuerza Pública”.

Recompensas y exigencia de resultados

Por su parte, y en línea contextual con la posición del presidente Petro, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que no cuenta con información que confirme el asesinato de Mateo Pérez. Sin embargo, anunció medidas operativas en la zona y confirmó una recompensa de hasta 540 millones de pesos por alias “Primo Gay”, integrante de las disidencias de alias Calarcá, y otra de hasta 300 millones de pesos por alias “Chalá”.

El episodio vuelve a exponer una realidad dolorosa: en varias regiones del país la violencia continúa imponiendo miedo, silencios y control territorial, pero también genera cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para responder con contundencia ¿Cuándo verán los colombianos una institucionalidad capaz de someter a los grupos criminales? ¿Para cuándo una Fuerza Pública fortalecida que recupere el control de territorios?

Detrás de esta historia no solo hay una familia que espera respuestas. También hay un país que grita, cada vez con más fuerza: no más.