La discusión sobre la justicia rural vuelve al centro de la agenda nacional. Mientras el Gobierno insiste en sacar adelante reformas consideradas importantes para su legado, sectores políticos y productivos cuestionan la viabilidad jurídica de las iniciativas y advierten posibles efectos sobre la seguridad jurídica en el campo.

En medio del cierre de la actual legislatura que finaliza este sábado 20 de junio, el Gobierno Nacional confirmó que convocará al Congreso a sesiones extraordinarias con el objetivo de retomar el trámite de la Jurisdicción Agraria y del Ministerio de la Igualdad, dos proyectos que no lograron completar su recorrido legislativo durante el periodo ordinario y cuyos futuros permanecen en incertidumbre.

La decisión llegó a pocas horas de la segunda vuelta presidencial y vuelve a poner sobre la mesa uno de los temas más sensibles para el sector rural: la creación de un sistema especializado para resolver controversias relacionadas con la propiedad, posesión, uso y tenencia de la tierra. La Jurisdicción Agraria hace parte de los compromisos derivados de la Reforma Rural Integral y busca acercar la administración de justicia a los territorios mediante jueces especializados en asuntos agrarios.

Para el Gobierno, esta herramienta permitiría tramitar con mayor agilidad procesos que históricamente han tardado años en resolverse.

Iniciativa que divide opiniones

La propuesta no solo enfrenta dificultades legislativas, sino también cuestionamientos jurídicos. La senadora Paloma Valencia aseguró que los proyectos ya no pueden continuar su trámite. “La Jurisdicción Agraria y el Ministerio de la Igualdad ya están hundidos”, afirmó la congresista.
Valencia sostuvo, además, que una eventual aprobación durante las sesiones extraordinarias sería inconstitucional y podría volver a ser demandada ante la Corte Constitucional. Desde el Gobierno la posición es distinta.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, atribuyó el hundimiento de la Jurisdicción Agraria y otras iniciativas a la falta de articulación política entre el Ejecutivo y el Legislativo. “Si el presidente hubiera tenido otra voluntad, todos estos proyectos hubieran pasado, pero decidió que esa responsabilidad la asumiera el Congreso de la República”, manifestó el funcionario.
Por su parte, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, anunció que, independientemente del desenlace de las extraordinarias, el Gobierno volverá a radicar a partir del 20 de julio la Ley de Jurisdicción Agraria y la Ley Estatutaria de coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional.

El gobierno insiste en aprobar Jurisdicción Agraria y MinIgualdad, pero la jurisprudencia es clara: la legislatura termina el 20 de junio y solo se pueden convocar extras para los proyectos que siguen vivos, en este caso estas dos iniciativas ya están muertas. Intentar aprobarlas… pic.twitter.com/RRURKDMUk8

— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) June 19, 2026

Lo que puede cambiar

Más allá de la controversia política, el debate tiene implicaciones directas para el agro. La existencia de jueces especializados podría modificar la manera en que se tramitan disputas sobre predios rurales, un aspecto estrechamente relacionado con la seguridad jurídica, la inversión y la estabilidad de las actividades productivas. Para muchos productores, la principal preocupación radica en conocer cuáles serán las reglas que regirán los conflictos sobre la tierra y cómo estas podrían impactar la toma de decisiones empresariales en el campo.

Así las cosas, mientras el Gobierno insiste en que la iniciativa fortalecerá el acceso a la justicia en las zonas rurales, sus críticos consideran que aún existen aspectos que requieren mayor discusión. Lo cierto es que el debate está lejos de terminar.
Incluso si las sesiones extraordinarias fracasan, la administración nacional ya dejó claro que volverá a intentar sacar adelante una de las apuestas más importantes de su agenda rural.