La Fiscalía reversó parcialmente la suspensión de 16 órdenes de captura contra cabecillas criminales en Medellín, tras reconocer vacíos en la solicitud del Gobierno. La decisión reabre el debate sobre los límites de la “paz urbana” y la seguridad en las regiones.

La reciente decisión de la Fiscalía General de la Nación de revocar parcialmente la suspensión de 16 órdenes de captura contra líderes criminales del Valle de Aburrá volvió a sacudir el panorama político y judicial del país. Lo que inicialmente se presentó como un paso dentro de la estrategia de paz urbana del Gobierno, hoy enfrenta cuestionamientos por su alcance y sus implicaciones en materia de seguridad.

A finales de marzo, el ente acusador había suspendido las órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales, tras una solicitud de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz. La medida buscaba facilitar su participación como voceros en diálogos desde centros penitenciarios. Sin embargo, la falta de claridad en algunos casos generó una reacción institucional que llevó a revisar la decisión.

Giro en la decisión

En entrevista con Caracol Radio, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó la revocatoria de la suspensión para 16 de esas 23 órdenes de captura. La funcionaria explicó que la nueva resolución corrige inconsistencias en la solicitud inicial.

“De parte de la Fiscalía se emitió esta resolución, la 0079, (...) revocando la suspensión de 16 de esas 23 órdenes de captura”, afirmó. Además, dejó ver la preocupación del ente acusador al señalar que “de verdad que nosotros no nos imaginamos que se hiciera una solicitud de suspensión de órdenes de captura respecto de personas que cumplen condenas”.

Este ajuste deja en evidencia un vacío jurídico en la implementación de la estrategia, particularmente frente a los perfiles de algunos beneficiarios. Pese a la corrección, siete órdenes de captura continúan suspendidas, mientras se revisa su legalidad.

Reacciones y críticas

La decisión generó reacciones inmediatas desde distintos sectores. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó la revocatoria como un paso necesario para corregir el rumbo.

El mandatario aseguró que se trata de una “buena decisión para enderezar el camino”, aunque insistió en que los casos restantes deben ser revisados con el mismo rigor. Sobre alias ‘El Montañero’, uno de los nombres que ha generado mayor controversia, advirtió: “En este momento hay orden de captura vigente (...) Es un tipo muy peligroso (...) que tiene alcance transnacional”.

Gutiérrez fue más allá al cuestionar el enfoque general de la política: “En últimas, el país no puede seguir en manos de bandidos”.

Desde Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán también expresó su inconformidad, especialmente por la designación de algunos cabecillas como gestores de paz. “Es hora de dar la discusión: no más beneficios para delincuentes peligrosos que deberían estar en la cárcel”, afirmó.

Debate abierto

El caso deja abierta una discusión de fondo sobre los límites de la negociación con estructuras criminales. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de avanzar en procesos de diálogo para reducir la violencia, sectores políticos y autoridades locales advierten riesgos en otorgar beneficios judiciales a figuras de alto perfil.

La revocatoria parcial no solo corrige una decisión puntual, sino que expone las tensiones entre la seguridad ciudadana y los intentos de construir paz en contextos urbanos complejos.