Lo que debía ser inversión para el desarrollo agropecuario y vial en zonas alejadas del país se convirtió en un escándalo de corrupción con capturas y sanciones disciplinarias. Emilia Álvarez Guerrero, exdirectora de Aremca, fue destituida e inhabilitada por 15 años como parte de las consecuencias del caso.

El reciente destape de la Fiscalía sobre un presunto robo de regalías por cerca de medio billón de pesos vuelve a poner en el centro del debate el uso de recursos públicos destinados al sector agropecuario.

Parte de estos dineros, que debían fortalecer la producción rural y mejorar la infraestructura en zonas apartadas, habrían sido desviados a través de contratos irregulares que involucran a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca).

Este caso no solo salpica a funcionarios y contratistas, sino que también conecta decisiones y ejecuciones que atraviesan los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro, generando preocupación por la continuidad de prácticas que afectan directamente a miles de productores del país.

Impacto en el campo

Uno de los aspectos más sensibles del escándalo es que varios contratos estaban dirigidos al fortalecimiento del agro. Entre ellos, un proyecto por 19.000 millones de pesos que buscaba impulsar el sector ganadero mediante la entrega de pies de cría y la implementación de sistemas productivos. Sin embargo, estos recursos no se ejecutaron, dejando a productores sin apoyo y frenando procesos de desarrollo rural.

A esto se suma un contrato por 35.000 millones de pesos con el Departamento de Prosperidad Social, que debía beneficiar a cerca de 7.000 familias en nueve departamentos. Hasta hoy, los resultados son inexistentes, lo que evidencia un fuerte golpe a la economía campesina y a la confianza en los programas estatales.

En regiones como Córdoba, donde se concentran varias líneas de investigación, también se identificaron proyectos inconclusos que incluían tanto iniciativas productivas como obras de infraestructura, de vital importancia para la competitividad del agro.

Sanción disciplinaria

En paralelo, la Procuraduría General de la Nación sancionó a Emilia Álvarez Guerrero, exdirectora de Aremca, con destitución e inhabilidad por 15 años por irregularidades en la adjudicación de un contrato financiado con regalías por más de 30.400 millones de pesos, destinado al mejoramiento de vías rurales en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El ente de control fue enfático al señalar que el proceso contractual incumplió normas básicas. Según el fallo, el pliego de condiciones “no satisface el modelo obligatorio de pliegos tipo expedido por Colombia Compra Eficiente”, lo que comprometió la transparencia del proceso.

Además, la Procuraduría concluyó que “la investigada no actuó con la rectitud demandada”, afectando el principio de moralidad en la contratación pública. También advirtió que el mecanismo utilizado tenía un “bajo contenido de garantía de selección objetiva”, lo que facilitó posibles irregularidades.

La conducta fue calificada como falta gravísima cometida a título de dolo, lo que refuerza la gravedad de los hechos y el impacto institucional del caso.

Red de contratos

Las investigaciones de la Fiscalía revelan un esquema en el que Aremca era utilizada como intermediaria para la asignación de contratos financiados con regalías en distintos municipios. Este modelo permitió concentrar recursos en proyectos que, en muchos casos, no se materializaron.

Las capturas recientes, nueve de once órdenes emitidas, apuntan a desarticular esta red que operaba en al menos nueve departamentos. Sin embargo, aún no se conocen los nombres de posibles responsables políticos, lo que mantiene abiertas las preguntas sobre el alcance real del entramado.

Mientras avanzan las investigaciones, el mayor impacto recae sobre el campo colombiano. Los recursos que debían mejorar vías terciarias, fortalecer la producción y generar oportunidades en zonas rurales terminaron atrapados en un esquema que hoy deja al descubierto fallas estructurales en la gestión de las regalías.

El reto ahora será no solo sancionar a los responsables, sino garantizar que los recursos destinados al agro cumplan su propósito y lleguen, finalmente, a quienes más los necesitan.