La entidad expuso ante la Corte Constitucional posibles irregularidades en el manejo de dineros de la salud, incluyendo uso indebido de recursos, manipulación contable y la creación de IPS fachada que pondrían en entredicho la sostenibilidad del sistema.

En medio de la discusión sobre la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, el valor anual que el gobierno paga a las EPS por afiliado, la Fiscalía General de la Nación encendió las alarmas sobre posibles irregularidades en el manejo de los recursos del sistema de salud en Colombia.

Durante una mesa pública en la Corte Constitucional, el fiscal delegado Jorge Alberto Giraldo advirtió sobre prácticas que comprometerían la transparencia y la estabilidad financiera del modelo.

El funcionario expuso hallazgos que, según dijo, se han venido identificando en la última década y que evidenciarían un uso indebido de los recursos destinados a la atención en salud, así como estrategias para evadir controles institucionales.

Irregularidades en manejo de recursos

Giraldo señaló que se han detectado inversiones cuestionadas que no guardan relación con la prestación de servicios de salud, lo que podría estar afectando directamente la destinación de los recursos públicos.

“Se han realizado inversiones con recursos de la salud que no tienen conexión con la prestación del servicio de salud, y alteración de información contable para evitar intervenciones, sanciones, o para mantener esos márgenes de solvencia para evitar que salgan del sistema general de seguridad social en salud”, aseguró.

Estas prácticas, según lo expuesto, estarían acompañadas de maniobras contables que permitirían a algunas entidades aparentar estabilidad financiera y continuar operando dentro del sistema, pese a no cumplir con las condiciones reales.

El ‘carrusel’ de las IPS

Uno de los puntos más críticos abordados por el fiscal fue la posible existencia de IPS falsas, que harían parte de un esquema irregular de contratación.

“Se ha podido identificar, dentro de la experticia del grupo de salud, la constitución de IPS fachada, generando lo que se ha denominado el Carrusel de la Contratación de las EPS, o ese carrusel para acudir ante la aseguradora de los recursos del Sistema General de Aseguraciones de la Salud en la vía de reclamaciones”, reveló Giraldo.

Este mecanismo, explicó, permitiría realizar reclamaciones ante aseguradoras utilizando estructuras aparentemente legales, pero sin respaldo real en la prestación de servicios.

Manipulación de información

El fiscal también advirtió sobre la alteración de datos clínicos como otra de las prácticas que estarían afectando los recursos del sistema, al facilitar cobros por servicios no incluidos en el plan de beneficios.

“Se pudo identificar alteración de información clínica para acceder a estas reclamaciones por servicios que no están contemplados en los planes de beneficio, o alteración contable para la adquisición de contratos sin contar con una infraestructura financiera para poder ejercer la prestación del servicio”, indicó.

Frente a este panorama, Giraldo hizo un llamado a las entidades involucradas a fortalecer los procesos de verificación y validación de la información, más allá del simple registro de datos. Según afirmó, esto sería clave para determinar si la UPC asignada realmente cubre las necesidades del sistema y garantizar una prestación adecuada de los servicios de salud.

La ponencia del fiscal quedó presentada ante la Corte Constitucional en un momento clave del debate nacional sobre la suficiencia de los recursos y los controles necesarios para evitar su desviación.