La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, decidió no suspender de manera automática las órdenes de captura contra 29 cabecillas del Clan del Golfo, entre ellos alias ‘Chiquito Malo’. La medida se mantendrá hasta que se verifique el cumplimiento de compromisos humanitarios y jurídicos dentro del proceso de paz que adelanta el Gobierno nacional con esa estructura armada.

La Fiscalía General de la Nación le puso freno a la solicitud del Gobierno de Gustavo Petro de suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del denominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo.

La decisión fue adoptada mediante una resolución firmada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en la que dejó claro que la medida no operará de manera “general, automática e inmediata”.

Entre los nombres incluidos aparece Jobanis de Jesús Ávila, alias ‘Chiquito Malo’, considerado máximo jefe de esa organización criminal y quien además tiene una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos.

La Fiscalía indicó que cualquier eventual suspensión estará condicionada a una revisión detallada del comportamiento de los integrantes del grupo armado y del avance real del proceso de “conversación sociojurídica” impulsado por el Ejecutivo.

En la resolución, la entidad señaló que “no se implementarán medidas institucionales orientadas a generar condiciones de seguridad jurídica” hasta tanto se verifique el cumplimiento de los requisitos legales y se llegue a la fecha fijada para el inicio de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), prevista para el próximo 25 de junio.

Condiciones del proceso

La Fiscalía explicó que antes de tomar cualquier decisión se revisará la plena identificación de los 29 integrantes incluidos en el listado enviado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, así como la existencia de órdenes de captura nacionales o con fines de extradición.

También se evaluará si realmente pertenecen al Clan del Golfo y si han cumplido compromisos relacionados con el respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

El ente acusador aseguró que el grupo armado deberá demostrar “el cese de actividades criminales”, entregar menores reclutados y avanzar en el desmantelamiento de economías ilícitas para que pueda contemplarse una eventual suspensión de las órdenes judiciales.

La decisión generó un nuevo choque entre el Gobierno y la Fiscalía. El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, sostuvo que la suspensión de las órdenes de captura “opera por mandato expreso de la ley y no por una valoración discrecional posterior de la Fiscalía General de la Nación”.

Según el funcionario, la Ley 2272 de 2022, conocida como Ley de Paz Total, permite este tipo de medidas para facilitar la concentración de integrantes de grupos armados en las ZUT.

Reacción del Gobierno

La postura de la Fiscalía también provocó una reacción del presidente Gustavo Petro, quien defendió la política de Paz Total y cuestionó públicamente la decisión del ente acusador. El mandatario aseguró que “el presidente es el que ordena la política de paz de Colombia” y explicó que las primeras listas elaboradas por la comisión de paz incluían personas extraditables sin haber sido consultadas previamente con la Casa de Nariño.

Petro señaló, además, que solo en un escenario de “proceso avanzado de paz” podría contemplarse la suspensión de órdenes de extradición y anunció que el Gobierno revisará nuevamente el listado de integrantes del Clan del Golfo que podrían ingresar a las Zonas de Ubicación Temporal.