La sala especial de Juzgamiento de Primera Instancia de la Corte Suprema ordenó que Luis Alberto Monsalvo fuera separado del cargo, por presunta corrupción al elector.

La arena política del Caribe colombiano tuvo un fuerte remesón tras confirmarse la orden de captura al actual mandatario del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, quien deberá pagar una pena de 61 meses de prisión. Monsalvo venía siendo investigado por presunta corrupción al sufragante.

De acuerdo con El Heraldo, el hecho por el que es investigado el mandatario se remonta a 2011, cuando en su primera campaña a la Gobernación del Cesar, Monsalvo Gnecco, habría hecho un pacto con líderes del sector de invasión Tierra Prometida en Valledupar para garantizarles viviendas dignas a cambio de votos.

Según el fallo leído ayer (lunes), la Fiscalía acusó a el gobernador como presunto responsable del delito de corrupción al sufragante –ya que presuntamente– les había prometido a más de 800 familias invasoras de predios en este municipio de mantenerlas en esos sitios y ofrecerles casas, si votaban por él.

En tanto, en la Revista Semana informó el alto tribunal le indicó a Monsalvo que deberá purgar su condena en prisión domiciliaria, así como pagar una multa de 301 salarios mínimos, lo que equivale a poco más de $270 millones. De hecho, en la sentencia se determinó que el presidente Iván Duque debe suspenderlo de su cargo.

"Los líderes que representa la comunidad de este sector se comprometen de manera unánime con su voto y el de toda la comunidad a mi elección como gobernador lo cual se hará frente a una asamblea general donde se encuentre reunida la comunidad de este sector", dice el documento.

Más investigaciones contra Monsalvo

Según Noticias RCN, el gobernador del Cesar tiene vigente otro proceso disciplinario en la Procuraduría por un caso en el que se denuncian presuntas irregularidades en la adquisición de mercados que irían dirigidos a familias vulnerables, esto en el marco de la emergencia que provocó la pandemia de coronavirus.

El alto tribunal solicitó suspender la liquidación de 37 contratos estimados en $14 000 millones para ayudas de las familias en situación de vulnerabilidad.

Mientras el funcionario adelantará el proceso de apelación en primera instancia, el presidente Iván Duque debe designar un mandatario encargado.