Decreto enumera riesgos inmediatos sobre el financiamiento del sistema de salud, el cumplimiento de sentencias judiciales y la atención de emergencias climáticas, tras advertir un faltante de $26,3 billones por la no aprobación de leyes de financiamiento.

El Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social por 30 días mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, al concluir que la Nación enfrenta una brecha de financiamiento y una acumulación de obligaciones que impiden garantizar de forma continua la prestación de servicios esenciales y el goce efectivo de derechos fundamentales.

Asimismo, el decreto atribuye la gravedad de la coyuntura a la no aprobación en el Congreso de dos proyectos de ley de financiamiento: uno para la vigencia 2025 por $12 billones y otro para 2026 por $16,3 billones. Este último monto había sido incorporado como fuente de ingresos en el Presupuesto General de la Nación de 2026, aprobado por $546,9 billones.

“La Nación enfrenta una coyuntura fiscal excepcional agudizada por hechos concurrentes y sensibles socialmente, que están asociados al menoscabo de los derechos de la población más vulnerable del país, afectando de manera extraordinaria la situación actual de las finanzas públicas”, señala el decreto.

En salud, el documento identifica una presión fiscal inmediata de $3,3 billones para 2026, derivada del cumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional que obligan a equiparar al 95% la Unidad de Pago por Capitación del régimen subsidiado frente al contributivo.

“Es indispensable y urgente contar con los recursos necesarios para alcanzar la equiparación de la prima pura del régimen subsidiado al 95 % de la prima del régimen contributivo, para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, con mayores repercusiones en la población más pobre y vulnerable”, advierte el texto.

Respecto de la seguridad, el Gobierno calcula un requerimiento adicional de $1 billón para reforzar la Unidad Nacional de Protección y de $2,7 billones para dotar tecnológicamente a la fuerza pública, tras recientes alteraciones del orden público y ataques armados en varias regiones.

“Estas acciones armadas evidencian un riesgo sistémico para la seguridad nacional que demanda un esfuerzo adicional en las finanzas de la Nación, tanto para la protección de líderes sociales y candidatos como para fortalecer las capacidades operativas de la Fuerza Pública”, indica el decreto.

El documento también detalla obligaciones judiciales pendientes por $9,9 billones, frente a una apropiación presupuestal de apenas $1,56 billones para 2026, así como atrasos en subsidios de energía y gas por $5,1 billones correspondientes a 2025.

“La desatención de las obligaciones del Estado respecto de subsidios y sentencias judiciales derivaría en un riesgo sistémico con capacidad de afectar de manera grave e inminente la prestación de servicios públicos esenciales”, advierte el texto.

Adicionalmente, el Gobierno estima en $0,5 billones los recursos necesarios para atender la ola invernal y el terremoto de Paratebueno, y en $1,6 billones las indemnizaciones administrativas a víctimas del conflicto armado. (Lea en CONtexto ganadero: Sismo de magnitud 6.4 deja daños estructurales en varios municipios del país; Paratebueno, el más afectado)

Finalmente, concluye que, con las alternativas de endeudamiento agotadas por la Regla Fiscal y restricciones severas de caja, estas presiones configuran una perturbación grave e inminente del orden económico, razón por la cual activó el régimen excepcional, sujeto ahora al control automático de la Corte Constitucional.

Lea aquí el decreto.