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Mientras el Ejecutivo actúa con rapidez en algunos casos de presunto acoso laboral en medios de comunicación privados, guarda silencio frente a denuncias que involucran a altos funcionarios cercanos. El contraste evidencia falta coherencia institucional y el compromiso real con las víctimas.

El tratamiento que ha dado el Gobierno de Gustavo Petro a distintos casos de presunta violencia sexual ha encendido un debate sobre lo que algunos sectores califican como un doble rasero institucional. La reacción frente a denuncias en medios de comunicación privados contrasta con la aparente pasividad cuando los señalados pertenecen al entorno gubernamental.

Reacción selectiva

Las recientes denuncias de presunto acoso sexual contra dos periodistas y presentadores de Caracol Televisión derivaron en una rápida intervención de las autoridades. La Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Trabajo iniciaron investigaciones, y este último impuso medidas preventivas tras una inspección.

El Ministerio señaló que existían “riesgos actuales de afectación a los derechos fundamentales de las personas trabajadoras” y advirtió sobre la presunta existencia de conductas reiteradas de acoso sexual. Además, el informe evidenció fallas estructurales como el “subregistro de denuncias, asociado al temor a represalias y la desconfianza en los canales institucionales”.

Este caso fue asumido con celeridad, con pronunciamientos oficiales y acciones concretas orientadas a proteger a las posibles víctimas y corregir fallas internas en la empresa.

Silencio frente a Morris

En contraste, la reactivación de la investigación contra Hollman Morris, gerente del sistema de medios públicos, no ha generado una respuesta equivalente desde el Gobierno. La Fiscalía reabrió el caso por un presunto acto sexual violento contra la periodista María Antonia García, ocurrido en 2012.

La fiscal Marcela Abadía determinó que el archivo inicial del caso pudo haber sido una forma de violencia institucional. “Cuando el operador judicial ignora los elementos específicos del tipo penal y lo califica erróneamente, despoja a la conducta de su carga jurídica y simbólica”, señaló en su decisión.

García relató en su momento el episodio denunciado: “Me agarró a la fuerza, me manoseó y me besó en la boca. Mi reacción fue de asco y sorpresa y lo separé de mí como pude”. Su testimonio se suma al de otras mujeres que han denunciado a Morris en distintos contextos, algunas de las cuales aseguran haber sido víctimas de hostigamientos posteriores.

Pese a la gravedad de los señalamientos y a la reapertura del caso, el Ejecutivo no ha adoptado medidas visibles frente al funcionario, lo que ha sido interpretado por críticos como una señal de falta de coherencia en la defensa de las víctimas.

Debate político

La defensa de Morris ha cuestionado la reapertura del proceso. Su abogada, Claudia Cristancho, aseguró que “la Fiscalía reabrió un caso en el que la acción penal ya estaba extinguida, pese a que ella misma había concluido que no hubo acto sexual violento”.

Por su parte, la abogada de García, María Camila Correa, respaldó la decisión judicial y afirmó que “establecer que se trataba de una injuria por vía de hecho y no un delito de índole sexual es una forma de invisibilizar una violencia y, por ende, es una forma de violencia de segundo orden”.

El caso ha generado divisiones incluso dentro del oficialismo. Mientras la bancada de mujeres del Pacto Histórico pidió la salida de Morris, otros sectores han defendido su permanencia, argumentando que existen intereses políticos detrás del proceso.

En medio de este panorama, el debate de fondo persiste: si el Gobierno busca consolidar una política sólida contra la violencia de género, deberá demostrar que aplica los mismos criterios sin importar el nombre o el cargo del señalado. La credibilidad institucional depende, en buena medida, de esa consistencia.