La segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria dejó diagnósticos preocupantes sobre la concentración de la tierra y avances limitados en formalización. El Ministerio de Agricultura defendió la reforma agraria como una decisión democrática y anunció nuevas áreas protegidas para la producción de alimentos, mientras llamó a los Estados a asumir compromisos más concretos.

La segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria, ICARRD+20, volvió a poner sobre la mesa un debate que, en Colombia y en buena parte del mundo, sigue sin resolverse: quién tiene la tierra, cómo se usa y qué tan viable es garantizar el derecho a la alimentación en medio de la crisis climática y la desigualdad rural.

En Cartagena, con más de 2.400 delegados oficiales, el Gobierno nacional presentó avances y anuncios, pero también dejó claro que los problemas estructurales persisten. La pregunta de fondo es si, tras 20 años desde la primera conferencia en Brasil, las transformaciones han sido suficientes. (Lea en CONtexto ganadero: Ministerio de Agricultura activa plan de choque para atender emergencia en Córdoba y Sucre)

Balance con deudas pendientes

Durante la plenaria, el informe del economista jefe de la FAO, Máximo Torero, fue directo: aunque ha habido avances en gobernanza y tenencia de la tierra, apenas el 35 % de las tierras del mundo cuenta con documentación formal sobre propiedad y uso. Además, el 23 % de los adultos se siente inseguro frente a su derecho de tenencia. El diagnóstico es contundente. La concentración de la tierra y las brechas de género siguen afectando la productividad, la resiliencia y la nutrición.

En el caso colombiano, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, recordó que la concentración y el despojo fueron parte de las raíces del conflicto armado. A su juicio, redistribuir la tierra no es solo una medida productiva, sino un acto político de fondo.

“Colombia lleva 100 años intentando redistribuir la tierra. Sin embargo, la tierra en Colombia se concentra. Esto quiere decir que no se trata solo de leyes y de normas, se trata de la decisión del pueblo colombiano y del gobierno colombiano”, afirmó.

La ministra insistió en que la reforma agraria no puede depender únicamente de la voluntad de un gobierno de turno, sino del empuje del movimiento agrario y popular. En ese punto, el mensaje fue claro: la presión social debe sostener el proceso.

Tierra para producir y proteger

Uno de los anuncios concretos del segundo día fue la declaratoria de 11.703,07 hectáreas en Falan, Tolima, como Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), mediante la Resolución 000052 del 24 de febrero de 2026. Con esta decisión, el país alcanza 140.147,07 hectáreas bajo esta figura, una situación que ha sido motivo de debate.

Las áreas declaradas se distribuyen en La Guajira, con 79.782 hectáreas en ocho municipios; Antioquia, con 43.317 hectáreas; Cundinamarca, con 5.344 hectáreas; y ahora Tolima, con las nuevas hectáreas en Falan.

En el foro “Protección de los suelos para la producción alimentaria: suelo, alimento y futuro”, la ministra vinculó directamente este instrumento con la seguridad alimentaria y la crisis climática.

“Tenemos que asumir que, si el mundo no toma medidas para proteger la tierra donde producimos los alimentos, la crisis alimentaria será, sin duda, una de las crisis que puede poner en riesgo el proyecto de la humanidad. Cuidar los suelos nos permite también hacer frente a la crisis climática”, señaló.

Más allá del discurso, el reto está en que estas declaratorias no se queden en el papel y logren frenar procesos de cambio de uso del suelo, urbanización desordenada o degradación productiva. (Lea en CONtexto ganadero: La reforma agraria no es solo entregar tierras, sino toda una infraestructura: Lacouture)

Llamado político global

En el plano internacional, la ministra destacó reuniones con la Unión Europea sobre paz, intercambio de mercados y lucha contra las drogas, y resaltó el carácter “amplio y dialogante” de la conferencia. Sin embargo, el énfasis estuvo en que ICARRD+20 debe traducirse en compromisos reales de los Estados.

“Por eso hemos llamado a esta conferencia Tierra para Comer, Tierra para Trabajar y Tierra para la Vida, porque con esa apuesta, con esa forma de combatir el hambre y la pobreza podemos hacer justicia y devolverle a los excluidos, a los sin tierra, a quienes se les despojó, la posibilidad de reconstruir los territorios de la vida”, concluyó.

El discurso apunta a sistemas agroalimentarios justos y sostenibles, pero el balance deja una sensación mixta. Por un lado, hay instrumentos como las APPA y una narrativa fuerte sobre democratización de la tierra. Por otro, los datos globales y nacionales muestran que la concentración persiste y que la formalización avanza a un ritmo lento.

ICARRD+20 cerró con la promesa de construir consensos y con la instalación de una comisión de redacción para la declaración final. La incógnita es si, dentro de otros 20 años, el debate seguirá siendo el mismo o si las cifras empezarán, por fin, a mostrar un cambio estructural en el acceso y uso de la tierra.