Tras casi tres décadas de los hechos más violentos en regiones apartadas del país, el Tribunal Superior de Bogotá impuso condena a 11 exguerrilleros del Bloque Oriental de las Farc-EP por ambas masacres. La decisión revive el debate sobre la eficacia de la justicia transicional, la reparación a las víctimas y el impacto histórico de la violencia en el campo colombiano.

Luego de años de investigación y reconstrucción de hechos, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá emitió una condena histórica contra 11 exintegrantes del Bloque Oriental de las extintas Farc-EP, hallados responsables de 165 delitos cometidos en amplias zonas del país. Los condenados deberán pagar 40 años de cárcel y 30 mil salarios mínimos mensuales.

Los hechos abarcan territorios de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y parte de Amazonas, donde, durante años, se consolidó un control territorial armado que marcó profundamente la vida rural.

Entre los crímenes atribuidos se encuentran homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, violencia sexual, aborto sin consentimiento y secuestro extorsivo. La decisión judicial también incluye episodios emblemáticos como la toma de Miraflores, en Guaviare, y la incursión armada a Mitú, en Vaupés, ambas ocurridas en 1998.

Estas acciones dejaron decenas de muertos, cientos de secuestrados y comunidades enteras afectadas por el conflicto. Hoy, casi 28 años después, la justicia llega con una sentencia que busca cerrar, al menos en parte, un capítulo doloroso para el país.

Justicia tardía, pero contundente

Para las víctimas, el fallo representa un avance significativo, aunque tardío. Sebastián Velásquez Vélez, representante de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol), destacó el valor simbólico y jurídico de la decisión.

“Nosotros siempre hemos creído que la justicia ordinaria es tardía, y que estos tribunales no ejercen pronta y debida justicia. Pero es mejor que tarde en llegar a que no se brinden unas penas efectivas”, señaló.

Velásquez aseguró que esta sentencia marca una diferencia frente a otros mecanismos de justicia transicional, al imponer sanciones que, en su criterio, responden a la gravedad de los hechos. “Vemos que hay una real justicia demorada pero que imparte una condena ejemplarizante, porque está tasada tanto en una pena intramural como en una multa ostensible”, afirmó.

El representante de víctimas también cuestionó los resultados de otros modelos como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), señalando que esta decisión ofrece una percepción de mayor rigor. En su lectura, el fallo constituye una justicia más representativa frente a las expectativas de quienes sufrieron directamente los efectos del conflicto.

La radiografía de la guerra

Más allá de las penas impuestas, expertos coinciden en que el valor de la sentencia radica en su alcance estructural. Daniel Cardona Soto, abogado y docente universitario, explicó que el fallo no se limita a hechos aislados, sino que reconstruye el funcionamiento integral de la organización armada.

“No solamente se limitó a condenar a unos exintegrantes por hechos individuales, sino que reconstruyó todo el funcionamiento de esta organización como una estructura compleja, analizando su dimensión política, militar y financiera, así como su evolución estratégica”, explicó.

Según el jurista, la decisión judicial permite entender que la violencia no fue circunstancial, sino parte de un sistema organizado. “Esta sentencia constituye una radiografía completa de las Farc como organización y demuestra que la afectación al campo no fue incidental, sino estructural, impactando la producción, la propiedad y la vida económica en los territorios”, aseguró.

El análisis también pone sobre la mesa un elemento clave: la coexistencia de distintos sistemas de justicia transicional en Colombia. Para Cardona, esta situación puede generar tensiones en la construcción de una narrativa común sobre el conflicto.

“Lo que tenemos hoy es una fragmentación en la forma en la que se está juzgando el conflicto, y eso puede afectar la confianza en el territorio, especialmente en el sector rural, porque no existe una narrativa judicial unificada sobre lo ocurrido”, advirtió.

El peso del tiempo y la verdad

Aunque la tardanza en la decisión es evidente, también responde a la complejidad de investigar hechos ocurridos en zonas donde el Estado tenía poca o nula presencia. Durante años, las Farc ejercieron funciones de facto en varias regiones, dificultando la recolección de pruebas y testimonios.

Cardona explicó que el proceso judicial tomó impulso real en años recientes. “Las audiencias iniciaron en 2020, una vez la Fiscalía logró estructurar el caso, lo que demuestra que la fase judicial fue mucho más concentrada de lo que parece si se mira solo el tiempo transcurrido desde los hechos”, indicó.

En ese sentido, la sentencia no solo impone castigos, sino que consolida una verdad judicial clave para la memoria histórica del país. Permite entender cómo operaba la guerrilla, cómo afectó al sector productivo y cómo se consolidaron economías ilícitas bajo su control.

Para el campo colombiano, este reconocimiento es fundamental. La decisión confirma que la violencia no fue aislada, sino parte de un modelo sistemático que impactó directamente la producción agropecuaria, la propiedad de la tierra y la estabilidad de las comunidades rurales.

Al final, más allá de los años de prisión, el fallo envía un mensaje hacia la necesidad de evitar que se repitan estos escenarios de control armado sobre los territorios. Una lección que, aunque llega tarde, sigue siendo urgente y necesaria para el país.