Tras el fallo de la Corte Constitucional que dejó el caso en manos del Congreso, el abogado demandante sostiene que no hay ambigüedad jurídica: “si se comprueba la violación de topes de campaña, la consecuencia es la salida del cargo”. Advierte sobre dilaciones, fallas institucionales y responsabilidades políticas por la falta de decisiones de fondo.

La decisión de la Corte Constitucional de cerrar la puerta a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) investigue al presidente Gustavo Petro por la presunta violación de topes de campaña volvió a poner en el centro del debate el alcance del fuero presidencial y el papel de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

El fallo reafirma que solo esta comisión del Congreso tiene competencia para investigar al jefe de Estado, mientras que el CNE queda limitado a sancionar aspectos relacionados exclusivamente con la campaña. En ese contexto, el abogado demandante José Manuel Abuchaibe habló con CONtexto ganadero y expuso su lectura del caso, en medio de lo que califica como un escenario de “confusión institucional” y falta de decisiones de fondo.

Un proceso en disputa

Abuchaibe recordó que su denuncia fue presentada en mayo de 2023 ante la Comisión de Acusaciones, con un enfoque administrativo y no penal, basado en el artículo 109 de la Constitución.

“Desde el comienzo dejamos claro que no era un tema penal, sino una infracción administrativa o de indignidad, pero el proceso fue mezclado con investigaciones penales y se desvió completamente”, señaló.

El abogado cuestionó la lentitud del trámite y la falta de avances concretos, asegurando que el caso quedó atrapado en recusaciones y dilaciones que, según él, frenaron cualquier decisión de fondo. Para Abuchaibe, esta situación terminó favoreciendo un escenario de “inacción prolongada” en el Congreso.

La interpretación del artículo 109

Uno de los puntos centrales de su crítica es la aplicación del artículo 109 de la Constitución, que regula los topes de financiación de campañas.

“Aquí no hay discusión subjetiva: si se demuestra que se violaron los topes, la consecuencia es clara y objetiva, el candidato debe salir del cargo; no es un tema de si sabía o no sabía”, aseguró.

En contraste, insistió en que las autoridades trataron el caso como si se tratara de un proceso penal, lo que, en su opinión, distorsionó el alcance de la norma. Además, cuestionó que no se haya impulsado un proceso de indignidad política en el Congreso, pese a las conclusiones del CNE sobre irregularidades millonarias en la campaña.

Responsabilidades y panorama político

Más allá del caso jurídico, Abuchaibe también lanzó críticas a distintos sectores políticos, especialmente a la oposición, a la que responsabiliza por no haber impulsado con firmeza el proceso.

“No cumplieron con la Constitución y dejaron que esto se diluyera; hoy no tienen de qué quejarse porque esta situación tiene responsables claros”, afirmó.

El abogado advierte que la falta de unidad política y la ausencia de decisiones contundentes han generado incertidumbre en el país, especialmente de cara a las próximas elecciones. A su juicio, el caso de los topes de campaña podría sentar un precedente negativo si no se resuelve de manera clara.

En medio de este panorama, la Comisión de Acusaciones sigue siendo la única instancia con la potestad de avanzar en una eventual investigación contra el presidente, aunque las probabilidades de que el proceso tenga un desenlace antes del final del mandato son bajas.

Mientras tanto, el debate sobre la financiación de campañas y el alcance del control institucional sigue abierto, marcado por lo que Abuchaibe describe como una “Constitución debilitada” y un sistema político que aún no logra dar respuestas definitivas.