Múltiples cuestionamientos se generaron por parte del gobierno nacional contra la medida cautelar decretada por el Consejo de Estado que, de un tajo, suspendió el decreto que ordenaba mover recursos desde los fondos privados. El ministro de trabajo, Antonio Sanguino anunció recursos jurídicos y sostiene que esta decisión fue apresurada y favorece a sectores de mayores ingresos.

Como quiera que sea, por ahora, se salvaron los ahorros pensionales de millones de colombianos. La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el traslado de cerca de 25 billones de pesos desde fondos privados hacia Colpensiones marca un nuevo revés para el Gobierno en medio de un debate de alto impacto económico.

La medida cautelar adoptada por la Alta Corte deja sin efecto temporal el decreto que buscaba movilizar estos recursos correspondientes a trabajadores que decidieron trasladarse al régimen público, pero que aún no cumplen con el requisito de edad de jubilación. Según el alto tribunal, el Ejecutivo habría excedido sus facultades y contrariado el marco legal vigente.

Las reacciones por el fallo judicial no se hicieron esperar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró: “El hecho de que le quieran retener la plata en los privados es otra vez cuidando a los ricos”, para continuar con la postura que refleja la narrativa del Gobierno frente a un sistema que considera inequitativo.

Más recursos y decisión cuestionada

Contrariado quedó el Ejecutivo tras conocer la suspensión. Desde el Ministerio de Trabajo, el jefe de esa cartera, Antonio Sanguino, calificó la decisión como inesperada y cuestionó su rapidez: “Pues imagínese, es que fue una decisión express… en cuestión de horas expidió una medida cautelar que deja sin efectos el decreto 415”, se quejó.

El funcionario explicó que el Gobierno considera que los recursos deben acompañar al afiliado en su traslado: “En lo natural lo que debe ocurrir es que esa persona que se traslada lo haga con sus ahorros a la entidad que tiene que garantizar su pensión”. Sanguino advirtió que el siguiente paso será interponer recursos legales, de reposición o de súplica, con los cuales “reprocharán” esta decisión del Consejo de Estado. Un fallo a una disputa que no es menor, porque en juego está la administración de un monto cercano a los 25 billones de pesos que el Gobierno proyectaba incorporar al sistema público como parte de su estrategia pensional.

“El gobierno Petro ordenó trasladar $25 billones de ahorros pensionales a Colpensiones en menos de 30 días. La gran pregunta de esto es, ¿Por qué tanto afán? ¿Por qué en época electoral?”: Juanita Gómez opina. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/KprSu8q1gS

— Revista Semana (@RevistaSemana) April 24, 2026

Privados defienden ahorro individual

Desde el sector privado, la reacción fue de respaldo a la decisión judicial. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, defendió el propósito de estos recursos: “No son para pagar pensiones… son para ahorrarlos, para que se multipliquen, para que ganen rentabilidad”, señaló. El debate también tiene implicaciones para los afiliados.

Actualmente, quienes deseen trasladarse de régimen deben cumplir con el requisito de doble asesoría y podrán hacerlo hasta el 16 de julio, fecha límite establecida dentro del proceso.
La suspicacia no radica solo en el choque estructural entre modelos pensionales, sino en el momento elegido para impulsar el traslado de estos billonarios recursos: la recta final hacia la primera vuelta presidencial.

En un contexto político tan sensible, la intención de mover cerca de 25 billones de pesos despierta serias dudas sobre la transparencia y el manejo de estos dineros, reavivando interrogantes que van más allá del debate técnico.

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