La intervención realizada cerca de la casa finca del expresidente Álvaro Uribe en Llanogrande, Antioquia, desató una nueva confrontación política y jurídica entre el uribismo y sectores del Pacto Histórico. El episodio volvió a poner sobre la mesa la polarización del país, los límites de la protesta y el cumplimiento de las normas sobre espacio público.

Ante las altas probabilidades de que Iván Cepeda llegue fortalecido políticamente al escenario electoral del próximo 31 de mayo, una pregunta empieza a surgir en distintos sectores políticos: ¿qué garantías tendría el expresidente Álvaro Uribe Vélez en un eventual escenario de mayor poder político del ‘cepedismo’?

El interrogante tomó fuerza tras el nuevo choque ocurrido el pasado martes en inmediaciones de la vivienda del exmandatario en Llanogrande, Rionegro, donde un grupo de personas pintaron un mural alusivo a los falsos positivos con el mensaje: “7.837 almas”. La jornada, liderada por el representante electo Hernán Muriel y denominada por sus promotores como un acto de memoria histórica, terminó escalando rápidamente entre gritos, acusaciones y forcejeos.

Uribe, quien rápidamente llegó al lugar, aseguró que el mural no era un simple grafiti, sino un ataque directo a su familia en una intervención realizada sobre una estructura colindante con el ingreso a su residencia, específicamente un puente en construcción cercano a su vivienda.

“Me hago matar por defender a mi familia”, expresó el exmandatario en medio del altercado, responsabilizando directamente al candidato presidencial Iván Cepeda por lo ocurrido y lanzó una fuerte frase contra el senador: “Tienes una voz de señorón, una apariencia de San Pedro y eres un matón”.

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El expresidente Álvaro Uribe empezó a tapar el mural que pintaron simpatizantes del Pacto Histórico a las afueras de su vivienda en el Oriente antioqueño.
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— Reporte Ya (@ReporteYa) May 20, 2026

Del debate al problema jurídico

Mientras desde el Pacto Histórico defendieron la actividad como una expresión pacífica y pedagógica, el expresidente calificó el episodio como un acto de provocación y hostigamiento. Incluso afirmó: “Deja de provocar a estos muchachos a que hagan violencia en Colombia”, refiriéndose a Cepeda.

Por su parte, el infaltable presidente Gustavo Petro, también reaccionó al caso, expresando: “no me gusta que molesten a la familia de Uribe, pero un mural pintado por jóvenes no es violencia”. Sin embargo, más allá del debate ideológico, el caso terminó abriendo un frente legal que pocos habían mencionado inicialmente: la ausencia de permisos para realizar la intervención, y es que, de acuerdo con lo denunciado públicamente por el concejal Andrés ‘El Gury’ Rodríguez, quien hizo presencia en el lugar respaldando al expresidente Uribe, el mural no contaba con autorizaciones formales y habría incumplido disposiciones de la Ley 140 de 1994, norma que regula la publicidad exterior visual en Colombia.

Porque si de pintar murales se trata, la legislación prohíbe instalar elementos visuales sin permisos municipales, intervenir zonas restringidas o generar afectaciones al espacio público. También contempla sanciones económicas, retiro inmediato del material y acciones administrativas cuando se vulneran las normas relacionadas con contaminación visual y uso indebido de áreas públicas.

Polarización, simbolismo y campaña política

Del “encontronazo” hay mucho por debatir, porque hablemos de que al lugar llegaron al menos tres buses con personas convocadas para participar en la jornada. Y aunque el evento fue presentado como una acción simbólica de memoria histórica, terminó convertido en una confrontación política de alto voltaje. Esta controversia, que incluyó “puñaletas y bates de beisbol”, nos plantea una discusión más amplia sobre los límites entre protesta, activismo político y hostigamiento personal, especialmente cuando las acciones ocurren en espacios cercanos a viviendas familiares y en medio de un clima político cada vez más polarizado de cara a las próximas disputas electorales del país.