Se agudiza la polémica por la intervención a la Nueva EPS tras revelarse posibles irregularidades legales. A esto se suman los cuestionamientos por la llegada de Daniel Quintero a la Superintendencia de Salud y el nombramiento de Jorge Iván Ospina como interventor.
¿Idoneidad o improvisación?
¿Todo era previsible? Por un lado, frente a la llegada de Daniel Quintero a la cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud, era previsible y ya generaba dudas. Y ahora, con los primeros movimientos en el sector, las alarmas se disparan aún más.
Por otro lado, la más reciente intervención a la Nueva EPS estaría en entredicho. Superintendentes delegados habrían advertido que el procedimiento fue ilegal, al señalar que el interventor designado no cumpliría con los requisitos exigidos por la ley.
De confirmarse, el escenario es claro: la entidad debería volver a manos de sus dueños. Sucesos turbulentos que muchos resumen en una frase popular: todo mal.
Una intervención bajo cuestionamiento
En el caso de la más reciente intervención a la Nueva EPS, El eje del problema es jurídico. La normativa que regula este tipo de intervenciones exige condiciones específicas para quienes asumen el control de una EPS en crisis. Sin embargo, las advertencias internas apuntan a que estos requisitos no se habrían cumplido. Esto no es menor. La intervención de una EPS implica decisiones sobre la atención de millones de usuarios, manejo de recursos y continuidad de servicios esenciales.
Un error en este proceso puede desencadenar consecuencias legales y operativas de gran escala, y al hacer el respectivo balance, eso es precisamente lo que ha sucedido. Millones de usuarios afectados, vidas en riesgo y un sistema de salud en crisis.
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Quintero responde en medio de críticas
En paralelo, el nuevo superintendente no ha guardado silencio. Daniel Quintero defendió su llegada al cargo y lanzó fuertes declaraciones frente al estado del sistema de salud, repitiendo, a través de X, que: “La salud se la han robado desde la Ley 100”.
Su postura ha sido confrontacional. Ha insistido en que su gestión marcará el inicio de una transformación profunda, incluso hablando de una “intervención total” del sistema. Sin embargo, las críticas no han cesado. Sectores políticos y organizaciones han cuestionado su nombramiento, no solo por su perfil profesional (ingeniero electrónico sin trayectoria en el sector salud), sino también por los procesos judiciales en su contra.
Rechazo y advertencias
Las reacciones han sido inmediatas. Desde la oposición política hasta organizaciones civiles han manifestado preocupación.
Una de las más contundentes fue la de Transparencia por Colombia, que advirtió:“Se premia a una persona imputada por corrupción”.
El señalamiento pone el foco en un punto clave: la confianza institucional. En un sector tan sensible como la salud, la legitimidad de quienes toman decisiones resulta determinante.
Transparencia por Colombia, que advirtió:“Se premia a una persona imputada por corrupción”.
Otra polémica: el nuevo interventor
Como si los cuestionamientos no fueran suficientes, el nombramiento de Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS ha añadido más controversia.
Su designación ha sido criticada por varias razones: desde su falta de experiencia específica en intervención de entidades de salud hasta los procesos y cuestionamientos que ha enfrentado en su trayectoria pública.
Incluso desde el propio sector se han encendido las alarmas. Se ha advertido que la multiplicidad de interventores en la entidad podría generar más caos que soluciones. A esto se suman informes que señalan que no cumpliría con la experiencia requerida para asumir un rol de esta magnitud, lo que refuerza las dudas sobre la legalidad de la intervención.
En un informe que analizará la Procuraduría, la propia Superintendencia de Salud advierte controles omitidos, requisitos incumplidos por parte de Jorge Iván Ospina y otras irregularidades en la prórroga de la intervención a la Nueva EPS. pic.twitter.com/EVABYLJOvi
— La FM (@lafm) April 16, 2026
Un sistema bajo presión constante
La crisis de la Nueva EPS no es un hecho aislado. Se enmarca en un contexto más amplio de tensiones dentro del sistema de salud colombiano: intervenciones, cambios estructurales y una reforma que, si tenemos en cuenta el más reciente paro de Fecode, siendo el sistema de salud del magisterio el piloto de esa mencionada reforma que el presidente Petro busca aun implementar en todo el país, sencillamente falló. Cada decisión, cada nombramiento y cada error tienen un impacto directo en millones de usuarios que dependen del sistema para acceder a servicios básicos.
¿Hacia dónde va la salud en Colombia?
Lo ocurrido en las últimas horas deja una sensación de incertidumbre. La combinación de decisiones cuestionadas, tensiones políticas y fallas en la ejecución administrativa dibuja un panorama complejo. Cuando al frente de entidades clave hay dudas sobre la idoneidad, la experiencia o incluso la legalidad de las decisiones, el riesgo no es solo institucional: es social.
El sistema de salud colombiano enfrenta uno de sus momentos más críticos. Y con cada nuevo episodio, la percepción es la misma: lejos de estabilizarse, la situación parece deteriorarse.
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