A través de un comunicado difundido este 12 de diciembre, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un paro armado de 72 horas que inicia el 14 de diciembre y se extiende hasta el 17 del presente mes, generando alarma y rechazo en todo el país por el impacto sobre la seguridad y la convivencia ciudadana.

La organización guerrillera ilegal busca imponer terror en medio de las celebraciones de fin de año con una medida que, más allá de su justificación política, representa una clara amenaza para la paz y la libre movilidad de los colombianos.

Se revive el miedo histórico

Mediante un comunicado difundido el 12 de diciembre, el ELN decretó un paro armado de 72 horas que iniciará a las 6:00 a.m. del 14 de diciembre y se extenderá hasta la misma hora del 17 de diciembre. La guerrilla afirma que esta medida responde a su oposición a lo que califican de “amenazas de intervención imperialista” vinculadas al Gobierno de Estados Unidos.

El grupo criminal solicita a la población abstenerse de movilizarse por carreteras y ríos y advierte que sus unidades de control de vías actuarán contra quienes consideren “saboteadores”, un mensaje que ha generado preocupación entre autoridades y comunidades rurales.

Rechazo e ilegalidad

Organizaciones sociales, autoridades locales y sectores políticos han rechazado el anuncio por tratarse de una acción al margen de la ley, que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos y afecta especialmente a corredores rurales y áreas históricamente golpeadas por la violencia. Más aún cuando Colombia vive un contexto de altos niveles de confrontación entre grupos armados.

Esta no es la primera vez que el ELN recurre a paros armados: en febrero de 2025 decretó un paro armado de 72 horas en el departamento del Chocó que afectó la movilidad y la vida cotidiana de las comunidades.

Llamado a las autoridades

Hechos como este demandan una respuesta firme de las fuerzas de seguridad y las instituciones del Estado, para garantizar que los colombianos puedan celebrar las festividades decembrinas sin miedo ni restricciones impuestas por grupos criminales.

La tranquilidad de la población debe prevalecer por encima de cualquier intento por imponer terror o desorden.