El exdirector de la Ungrd enfrentará juicio por presunta corrupción en contratos millonarios, mientras insiste en colaborar con la justicia. El proceso podría destapar un entramado más amplio que comprometería a otros actores políticos.

El caso de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entra en una nueva fase judicial tras la decisión de la Fiscalía de llevarlo a juicio por presuntos actos de corrupción relacionados con contratación pública.

La investigación apunta a que, durante su gestión, habría direccionado contratos y facilitado el desvío de recursos que terminaron en sobornos y beneficios personales.

López, quien lleva más de dos años privado de la libertad, ha reconocido su participación en irregularidades y ha buscado beneficios judiciales mediante su colaboración. Sin embargo, la Fiscalía considera que existen suficientes elementos para avanzar hacia un juicio formal por hechos que comprometen cuantiosos recursos del Estado.

La acusación

El núcleo de la acusación gira en torno a contratos adjudicados de manera irregular, especialmente uno por más de 48.000 millones de pesos para la compra de 40 carrotanques destinados a llevar agua a comunidades en La Guajira. Según la investigación, esta operación habría generado sobrecostos millonarios y el desvío de más de 13.000 millones de pesos.

Por estos hechos, López habría recibido cerca de 724 millones de pesos. Además, deberá responder por otro contrato firmado en 2023, en el que se habrían perdido más de 11.000 millones. Ambos casos hacen parte del expediente que ahora será discutido en juicio.

Su abogado, José Moreno, explicó mediante un video público, que, aunque un preacuerdo inicial no prosperó por razones técnicas, la disposición de su cliente sigue intacta. En ese sentido, López ha reiterado su intención de aceptar cargos y avanzar hacia una sentencia anticipada.

“Mi decisión de colaborar es firme, consciente y no tiene marcha atrás. En consecuencia, continuaré cooperando y atendiendo cada llamado de las autoridades. Si la justicia requiere más, habrá más”, escribió el exfuncionario, según reveló su defensa.

El entramado

Más allá de los contratos, la Fiscalía sostiene que López fue una pieza clave en un esquema más amplio de corrupción dentro de la UNGRD. Los sobrecostos detectados habrían servido para financiar sobornos a congresistas, presuntamente, a cambio de apoyo a iniciativas del Gobierno.

El caso ha tomado mayor relevancia porque el propio López ha prometido revelar los nombres de al menos 25 personas implicadas en el desfalco, que según estimaciones alcanzaría los 380.000 millones de pesos. Este elemento lo convierte en un testigo central dentro del proceso y eleva la expectativa sobre nuevas revelaciones.

Implicaciones

El avance hacia juicio podría tener efectos políticos de gran alcance. La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de negar la libertad provisional a los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, refuerza la gravedad del caso. Ambos continúan detenidos en La Picota por su presunta participación en delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación, lo que sugiere que la investigación ya ha escalado a niveles altos del poder político.

En este escenario, la colaboración de López será determinante. Su testimonio podría consolidar las acusaciones o incluso ampliar el número de implicados. Por ahora, el país sigue atento a un proceso que busca esclarecer el alcance real de uno de los mayores escándalos recientes de corrupción pública en Colombia.