La instancia judicial concluyó que no hay pruebas de fraude en elecciones recientes y ordenó al mandatario corregir sus declaraciones. La defensa alega censura y el jefe de Estado responde que no cederá en sus convicciones.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca desmontó uno a uno los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto fraude electoral y concluyó que sus afirmaciones carecen de sustento. En su decisión, tomada el viernes 10 de abril, la corporación no solo cuestionó la veracidad de lo dicho por el mandatario, sino que evidenció que varias de sus denuncias se apoyaron en información inexacta, según señaló el fallo, y sin pruebas concluyentes.

El documento, que incluye medidas cautelares, ordena al jefe de Estado rectificar en un plazo máximo de tres días, que ya se cumplió, las afirmaciones realizadas en la red social X sobre presuntas irregularidades en elecciones de 2014, 2022 y 2026. Según indicó el tribunal, dichas declaraciones afectan la confianza institucional y la transparencia del sistema electoral.

“En suma, lo que ocurre, observa este Tribunal, es que no se demostró que el software fuera inseguro, o sea, susceptible de vulnerabilidades por seguridad informática, utilización irregular de códigos asignados a los funcionarios digitadores de resultados, ingreso ilícito por parte de terceros al sistema durante el tiempo que duraron los escrutinios o ingresos ilícitos o ilegales al sistema de escrutinios”, se lee en el fallo.

La orden judicial

La decisión judicial fue clara en exigir una corrección pública por parte del mandatario, al considerar que sus afirmaciones no fueron probadas, como precisó la corporación. En el documento se establece que el presidente debe pronunciarse por el mismo medio en el que difundió sus denuncias, lo que refuerza el carácter obligatorio inmediato de la medida, indicó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La corporación también respaldó la postura de la Registraduría, que calificó las declaraciones como calumniosas y perjudiciales para la credibilidad del proceso electoral colombiano, según quedó consignado en el documento judicial.

La defensa responde

El abogado del presidente, Alejandro Carranza, rechazó la decisión y anunció acciones legales tanto a nivel nacional como internacional. Desde su perspectiva, el fallo constituye una vulneración a la libertad de expresión y representa una forma de censura previa, aseguró.

“El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió hoy una medida cautelar que, con el mayor respeto hacia la judicatura, consideramos jurídicamente insostenible”, señaló Carranza.

La defensa confirmó que ya activó recursos ante el Consejo de Estado y que acudirá a instancias internacionales para controvertir la medida, explicó el jurista.

Petro no cede

Lejos de acatar de inmediato la orden judicial, el presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente y dejó entrever que no está dispuesto a retractarse en los términos exigidos. A través de su cuenta en X, anunció que responderá con mayor detalle en los próximos días y defendió su postura en nombre de los derechos fundamentales.

“Jamás un presidente de la República le debe enseñar a su sociedad a arrodillarse ante la convicción de sus derechos fundamentales”, dijo Petro.

El mandatario también insistió en que su posición se basa en principios y convicciones personales frente a lo que considera arbitrariedades, según expresó en su publicación.

El caso abre un nuevo capítulo en la tensión entre el Ejecutivo y la justicia, mientras se define si el presidente acatará el fallo o llevará el pulso a instancias superiores.