La apertura de un proceso preliminar marca un nuevo capítulo para la política de paz del gobierno saliente. El Ministerio Público buscará establecer si, durante las relaciones con ese grupo ilegal, funcionarios del Estado comprometieron actuaciones por fuera del marco legal.

Las revelaciones periodísticas sobre los acercamientos entre emisarios del Gobierno y el Clan del Golfo dejaron de ser únicamente un debate político. Con la apertura de una indagación preliminar por parte de la Procuraduría, el caso entra en una nueva etapa, en la que serán los organismos de control los encargados de establecer si existieron actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.

La investigación se centra en determinar si, durante los primeros meses de la política de paz total, algunos funcionarios ofrecieron o discutieron beneficios que excedían las facultades del Estado frente a una organización criminal.

Investigación toma forma

El expediente involucra al exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; al exministro de Defensa, Iván Velásquez; al exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus; y al exjefe de Contrainteligencia, Ricardo Rey Rosanía. La controversia surgió tras la divulgación de audios de septiembre de 2022, en los que Rueda hablaba de posibles beneficios para el Clan del Golfo, entre ellos la suspensión de operaciones militares, bombardeos, extradiciones y el retiro de oficiales de inteligencia.

Ahora, el interés de la Procuraduría consiste en establecer si esos planteamientos se limitaron a una fase exploratoria o si llegaron a comprometer actuaciones institucionales por fuera del marco legal.

Versiones que no coinciden

Las explicaciones entregadas por los protagonistas muestran diferencias importantes. Iván Velásquez aseguró que nunca conoció ni autorizó compromisos relacionados con la suspensión de operaciones militares o actividades de inteligencia y sostuvo que las declaraciones de Danilo Rueda “solo lo comprometen a él”. Rueda, por su parte, reconoció la autenticidad de los audios, pero afirmó que correspondían a conversaciones exploratorias propias de la política de paz total y no a una negociación formal.

También aseguró que nunca existió una orden presidencial para detener operaciones contra el Clan del Golfo y que las referencias a bombardeos, extradiciones y otros asuntos hacían parte de políticas conocidas públicamente. A la investigación se sumó un nuevo elemento: **un video de una reunión celebrada en agosto de 2025 entre Jorge Lemus, Ricardo Rey Rosanía y el exnarcotraficante Edward Ferney Rincón, alias ‘Boyaco Sinaloa’.
**Según la investigación periodística, allí se discutieron posibles canales de comunicación con alias ‘Chiquito Malo’ y una iniciativa legislativa sobre el sometimiento del Clan del Golfo.

Lemus negó cualquier irregularidad y sostuvo que el encuentro hizo parte de actividades legales de inteligencia.

El alcance jurídico

La principal pregunta que deberá resolver la Procuraduría es ¿hasta dónde puede llegar un negociador del Estado durante una fase exploratoria sin comprometer la institucionalidad? Hasta ahora no existe una decisión judicial o disciplinaria que confirme que los planteamientos mencionados en los audios se hubieran materializado.

Precisamente, la indagación buscará establecer si existieron actuaciones por fuera de las competencias legales de los funcionarios involucrados. La decisión del Ministerio Público convierte uno de los ejes centrales de la política de paz total en un asunto de control disciplinario y abre un proceso que podría marcar la evaluación institucional de esa estrategia.

Mientras tanto, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ya anticipó un cambio de rumbo frente a la política de negociación con estructuras criminales. Durante la entrega de sus credenciales afirmó: “En mi gobierno no habrá opciones generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin. La convivencia del actual gobierno con el crimen organizado es asqueante y vergonzosa”.

Más allá del debate político, el expediente abierto por la Procuraduría podría convertirse en el primer gran examen institucional sobre la implementación de la paz total y en un referente para evaluar los límites jurídicos de las negociaciones adelantadas por el Estado.