_

Una investigación periodística reveló un presunto encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el abogado de Diego Marín, conocido como ‘Papá Pitufo’, lo que ha desatado fuertes críticas desde sectores políticos. En entrevista con CONtexto, Enrique Gómez, director del Partido Salvación Nacional y senado relecto, lanzó duros señalamientos sobre el alcance de estas relaciones y el impacto en las instituciones.

Una nueva controversia rodea al presidente Gustavo Petro tras conocerse que habría sostenido una reunión con Gonzalo Boye, abogado de Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, considerado uno de los mayores articuladores del contrabando a gran escala. Según una investigación periodística, el encuentro se habría dado en mayo de 2024 en el Hotel Tequendama, en Bogotá.

El señalamiento surge en medio de otras revelaciones que ya comprometían a altos funcionarios del Gobierno con el entorno jurídico del llamado “zar del contrabando”. Audios conocidos recientemente evidenciaron contactos entre integrantes del Ejecutivo y el equipo legal de Marín, lo que llevó a la Procuraduría a abrir una investigación disciplinaria contra el entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus.

Frente a estos hechos, el presidente Petro negó cualquier relación directa con el señalado contrabandista y defendió que los acercamientos respondían a una estrategia institucional. “Todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito”, dijo, al tiempo que admitió irregularidades internas al afirmar que “varios agentes de inteligencia aprovecharon esto para pedir dinero”.

Las críticas de Gómez

Desde la oposición, las reacciones no se hicieron esperar. Enrique Gómez, director del Partido Salvación Nacional y senador electo, lanzó fuertes cuestionamientos sobre el trasfondo de estos acercamientos y su impacto en el Estado.

Gómez aseguró que “el establecimiento ha sido complaciente” con las actuaciones del mandatario y sus presuntos vínculos con estructuras ilegales. “Las instituciones, el establecimiento político, económico, le han perdonado a Petro sus alianzas con el narco en una sociedad que vive en la ambivalencia, en la hipocresía frente al poder de los mafiosos”, dijo.

El dirigente fue más allá al referirse al perfil de Diego Marín, señalando que no se trata de un actor menor dentro del crimen organizado. “’Pitufo’ no es simplemente un contrabandista, es un lavador de recursos del mundo a gran escala y un gestor de corrupción en la Policía Nacional (...) hay reportes de actividad criminal desde hace más de dos décadas”, afirmó.

Además, Gómez sostuvo que lo que está ocurriendo responde a una dinámica de presión dentro de estructuras ilegales. “En un mundo de mafiosos el chantaje es rey y el que le carga maleta a una autoridad pública va desgranando esta información (...) con el fin de ir generando presión”, señaló, al tiempo que cuestionó que el señalado contrabandista siga sin ser extraditado.

Escenario de tensión

El dirigente político también desestimó versiones que buscan vincular a candidato Abelardo de La Espriella, con este caso, calificándolas como “una premisa falsa” sin sustento probatorio. Sin embargo, insistió en que sobre el presidente persisten múltiples dudas relacionadas con su entorno.

“En el caso de Gustavo Petro hay muchísimas dudas de su relacionamiento con los narcos y la evidencia es que los ha venido favoreciendo. A grupos como el Clan del Golfo se les han entregado espacios de concentración que coinciden con corredores estratégicos del narcotráfico”, indicó.

Finalmente, Gómez advirtió sobre un posible deterioro del orden público y del equilibrio institucional. “Petro es un aspirante a tirano y tiene mucho que perder, lo que viene es un escenario duro, difícil, de violencia contra la fuerza pública, contra la ciudadanía y una pretensión inconstitucional”, concluyó.

La polémica sigue creciendo mientras avanzan las investigaciones y se mantienen las preguntas sobre el alcance real de estos contactos y sus implicaciones para el Gobierno y la institucionalidad del país.