La denuncia de un supuesto plan para asesinar a la candidata presidencial, seguida por versiones opuestas entre el presidente y sus propios ministros, expone una falta de garantías electorales, manejo de inteligencia y responsabilidad institucional en medio de la creciente tensión política.

Valencia hizo pública una alerta que, según afirmó, le fue comunicada directamente por el Gobierno. “He sido informada por el ministro de defensa, el ministro del interior y el director de la policía nacional de que un grupo narcoterrorista le ha puesto otra vez precio a mi cabeza…”, declaró la candidata presidencial.

También hizo énfasis en que no buscaba victimizarse, sino advertir sobre el contexto de seguridad, pues, según la candidata, la amenaza estaría relacionada con el Frente 42 de disidencias de las FARC y un individuo conocido como alias ‘Buche de Tula’, con un presunto pago de 2.000 millones de pesos para atentar contra su vida.

La información, dijo, fue autorizada para hacerse pública. “Estamos denunciando porque… nos fue informada por el gobierno nacional… para que los colombianos sepan qué es lo que está pasando en el país”, añadió. Sin embargo, la controversia tiene ahora que ver con las declaraciones del presidente Gustavo Petro quien, pese a estar enterado de la versión oficial, desautoriza y minimiza la alerta de un posible atentado contra Valencia.

La candidata presidencial Paloma Valencia denuncia desde #Popayán un nuevo plan para atentar contra su vida en el sur del país.

Valencia le respondió al presidente Petro que fue el propio Estado quien alertó sobre las amenazas iniciales y reveló la existencia de un segundo plan… pic.twitter.com/hCAZqkbuwA

— Noticias de Colombia y el Mundo (@noticias45col) April 28, 2026

Y es que Petro desmintió la existencia de un plan real. A través de un mensaje, afirmó: “El atentado no era cierto, es una pelea entre delincuentes… Esto se le dijo a la candidata, pero apareció con otra versión en sus redes”. El pronunciamiento contradice lo explicado por Valencia, en el sentido de que fue el mismo ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien confirmó la existencia de información de inteligencia, afirmando que: “Sí hemos tenido información de dichas amenazas. Le informé que teníamos pruebas de que pretendían atentar contra Paloma”.

Luego, sin dejar claro para la opinión pública las razones de la contradicción, el propio ministro Sánchez se limitó a respaldar lo dicho por el presidente y, a través de un trino, aseguró: “Las labores de inteligencia descartaron cualquier amenaza en contra de la candidata”. Y, simplemente añadió que, pese a ello, se mantienen activas las capacidades de Fuerzas Militares y Policía para proteger a todos los aspirantes.

Debate por garantías electorales

El episodio deja más preguntas que respuestas en un momento de alta sensibilidad política. Primero, una alerta oficial; luego, un desmentido presidencial; y finalmente, una rectificación institucional. La secuencia evidencia fallas en la comunicación estatal frente a información crítica.
Más allá de la veracidad de la amenaza, el foco se desplaza hacia la responsabilidad del jefe de Estado. ¿Dónde queda su rol como garante de la seguridad de todos los candidatos? ¿Es prudente desestimar públicamente una advertencia de este calibre en medio de un clima de violencia y polarización?

A poco más de 100 días del fin de la ‘era Petro’, el caso reabre el debate sobre el manejo de inteligencia, la coherencia del Gobierno y las condiciones reales para ejercer la política en Colombia. En juego está la confianza en un proceso electoral que exige garantías plenas para todos.