Las declaraciones del presidente sobre el predial y los mandatarios locales encendieron una alerta jurídica. El abogado Julián Quintana, exdirector del CTI, dijo a CONtexto que no existe facultad alguna para remover alcaldes y advierte riesgos institucionales y de seguridad en medio de la tensión rural.

El presidente Gustavo Petro no tiene facultades legales para destituir alcaldes en Colombia, y sugerirlo públicamente constituye una extralimitación del poder que vulnera la Constitución y pone en riesgo el equilibrio institucional del país.

Esa es la tesis central que expone el abogado penalista Julián Quintana, quien calificó las recientes declaraciones del mandatario como una ruptura clara de los límites jurídicos del Ejecutivo. (Lea en CONtexto ganadero: Polémica por predial: Petro advierte sobre meter presos a alcaldes y gobernadores y abre debate sobre sus facultades)

“Es una arbitrariedad absoluta”, afirmó Quintana, al advertir que la Constitución establece una separación de funciones que el presidente no puede desconocer. En su concepto, los alcaldes no son subalternos del jefe de Estado ni tienen la obligación de acatar órdenes en materia de decisiones fiscales locales. “El presidente no puede decirles cómo tienen que hacer su trabajo”, enfatiza.

El análisis del jurista apuntó a un problema más profundo: la contradicción entre el discurso político y la realidad constitucional. Mientras el propio Gobierno reconoce que la fijación del impuesto predial corresponde a los municipios, al mismo tiempo se presiona a los mandatarios locales con advertencias que carecen de sustento legal.

“Aquí quienes tienen la razón son los alcaldes, no el presidente”, sostuvo.

Además, advirtió que este tipo de pronunciamientos no son inocuos. “Se pone contra la espada y la pared a servidores públicos que están cumpliendo la Constitución”, señaló, al tiempo que alerta sobre los efectos que puede tener este discurso en la estabilidad institucional y en la seguridad de los mandatarios locales, especialmente en regiones con alta tensión social.

No existe poder para destituir

Uno de los puntos más contundentes del análisis de Quintana es la imposibilidad jurídica de destituir alcaldes por orden presidencial. “Que un presidente pueda sacar del cargo a un alcalde, eso ni en las peores dictaduras”, afirmó sin matices.

Explicó que cualquier proceso de destitución debe pasar por instancias legales como la Procuraduría y contar con control judicial, garantizando el debido proceso. En ese sentido, recalcó que no existe ninguna norma que habilite al Ejecutivo a tomar ese tipo de decisiones de manera directa.

El eje del debate está en la autonomía territorial. Desde la Constitución de 1991, los municipios tienen competencias propias en materia administrativa y fiscal. Esto incluye la facultad de definir tarifas del impuesto predial a través de los concejos municipales.

“Colombia decidió darle autonomía a los municipios, y eso hay que respetarlo”, explicó Quintana. En su opinión, cualquier intento de intervención desde la Presidencia rompe el principio de separación de poderes y desdibuja el modelo descentralizado del Estado.

Riesgos que transcienden lo jurídico

Más allá del plano legal, el jurista advirtió consecuencias preocupantes en el terreno político y social. “Se pone en peligro la vida de esos alcaldes”, afirmó, al referirse al impacto que pueden tener estos señalamientos en contextos de protesta y conflictividad.

Según su análisis, responsabilizar públicamente a los mandatarios locales puede generar estigmatización, presión social e incluso reacciones violentas por parte de sectores inconformes, especialmente en zonas rurales donde el debate por el predial toca directamente la economía de productores y ganaderos.

Narrativa que debilita instituciones

Quintana también alertó sobre lo que denomina “juicios paralelos”. “Mediáticamente condenan a los alcaldes y los convierten en delincuentes sin serlo”, señaló, al explicar cómo este tipo de discursos puede deslegitimar decisiones administrativas que son legítimas.

A su juicio, esto no solo afecta a los alcaldes, sino también a la justicia. “Después dicen que los jueces son corruptos porque no fallan como quiere el presidente”, expuso, describiendo un efecto en cadena que erosiona la confianza en las instituciones.

Para Quintana, lo que está ocurriendo no es solo un choque institucional, sino también una estrategia política. “No deja de ser una afirmación populista para buscar votos en una época electoral”, aseguró, al recordar que el propio presidente en campaña defendía aumentos del predial y ahora adopta una postura distinta desde el poder. (Lea en CONtexto ganadero: EXCLUSIVA: Director del IGAC niega responsabilidad en polémica por ajuste del avalúo catastral)

En su criterio, este giro en el discurso responde más a una lógica política que jurídica. “Se victimiza y genera una narrativa donde parece que no lo dejan gobernar”, advirtió, señalando que este tipo de mensajes puede confundir a la ciudadanía sobre las verdaderas competencias del Estado.

El trasfondo, insistió, es preocupante: “Lamentablemente la gente a veces piensa que eso es cierto”, lo que termina reforzando una percepción equivocada sobre el funcionamiento institucional y debilitando la confianza en las reglas del sistema democrático.

Para Quintana, la salida es respetar la Constitución. “Esto no es un asunto de presión ni de amenazas, es un tema que se soluciona en derecho”, concluyó.