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En su natal Ciénaga de Oro (Córdoba), el mandatario admitió que la ejecución presupuestal del primer trimestre de 2026 es deficiente y ordenó a sus ministros gastar los recursos antes de finalizar su periodo. Su confesión se da en plena campaña electoral, lo que reaviva el debate sobre el uso del gasto público con fines políticos.
El presidente Gustavo Petro regresó a su tierra natal para inaugurar la sede del SENA "Aureliano Buendía" (nombre que evoca su antiguo alias en el M-19). Sin embargo, más allá de la nostalgia y el baile de porro, el mandatario aprovechó el escenario para lanzar un "salvavidas" de último minuto ante lo que él mismo calificó como una gestión administrativa insuficiente.
El reconocimiento de la baja ejecución
En un acto de inusual franqueza, Petro reconoció que, aunque sectores como educación avanzan, el balance general de su plan de gobierno para este inicio de año es negativo. Sobre este punto, el mandatario sentenció: "Entonces están mis otros ministros porque nos quedan unos meses que hay que aprovechar, el nivel de ejecución del primer trimestre es bueno en educación es bueno en otras cosas pero no es bueno en la mayoría del gobierno y nosotros nos quedan tres meses y no sabemos qué gobierno venga toca gastar qué es lo que más hemos hecho es pagar la deuda externa e interna".
#ACTUALIDAD | En su más reciente visita al municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba, el presidente Gustavo Petro reconoció que el nivel de ejecución en el primer trimestre de 2026 “no es bueno en la mayoría del Gobierno”, aunque destacó avances en sectores como educación.
— CONtexto (@ContGanadero) April 10, 2026
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Un discurso disperso y simbólico
La intervención no tuvo un hilo conductor claro, saltando de la autocrítica administrativa a la propuesta de recuperar la lengua Zenú, en un momento particular, instruyó a la ministra de Cultura para contactar a un ciudadano en Chinú que aún conserva dicha lengua indígena para iniciar un proceso de rescate cultural.
La visita, aunque celebrada por los locales, deja en el aire la presión de un gobierno que busca, en su recta final, concretar las promesas que el cronograma y la burocracia han ralentizado, mientras evoca símbolos de su pasado insurgente en la infraestructura pública.