En su alocución del pasado 21 de abril, el presidente Gustavo Petro volvió a generar controversia al lanzar duros señalamientos contra disidencias y cuestionar los logros obtenidos y que para la crítica se traduce en “ni es paz, ni es total”. El mandatario retomó la idea de una Asamblea Constituyente, en medio de los cuestionamientos sobre el alcance y lo que se dice en estas intervenciones televisadas.

“Ni es paz, ni es total”, así resume la crítica el rumbo que ha tomado una de las principales banderas del Gobierno de Gustavo Petro. Lejos de consolidarse, la estrategia de Paz Total sigue cuestionada, ahora tras el más reciente consejo de ministros, donde el propio mandatario reconoció fisuras.

Se trata de un tema alrededor del cual se han generado múltiples reacciones. Una de ellas fue la del senador Andrés Forero quien aseguró que la Paz Total es un mecanismo criminal con la autoría del candidato presidencial Iván Cepeda: “Lo que ha revelado la Fiscalía General de la Nación es de la mayor gravedad: que el asesinato de Miguel Uribe fue realizado por un gestor de paz beneficiado por el gobierno de Gustavo Petro en el marco de la Paz Total, cuyo arquitecto y padre es el señor Iván Cepeda”.

Miguel fue víctima de la fallida “paz total”de Petro y Cepeda.

A Petro los presidentes a los que les hizo oposición le garantizaron su vida. Él en el
poder no cuidó a Miguel.

Esperamos una condena sin atenuantes a la Segunda Marquetalia y que asuman su responsabilidad política. pic.twitter.com/cUVQLWcEXk

— Andrés Forero CD (@AForeroM) March 26, 2026

Durante la intervención de la noche del martes, Petro pidió al alto comisionado para la paz, Otty Patiño, frenar los acercamientos con alias ‘Calarcá’, ante reiterados incumplimientos. El mensaje fue claro: no todos los actores armados seguirán en el mismo canal de negociación. A eso se sumó un tono más duro frente al autodenominado Estado Mayor Central, liderado por alias ‘Iván Mordisco’, al que el presidente calificó como una estructura “narco-narco”, marcando distancia con cualquier posibilidad de diálogo inmediato. Fueron, sin duda, declaraciones que elevan la tensión política y dejan en entredicho los mecanismos utilizados dentro de la política de paz, especialmente la figura de gestores de paz.

Constituyente y polémica por alocuciones

El presidente volvió a utilizar el espacio del consejo de ministros para abordar múltiples temas, una práctica que ha sido constante y que sigue generando cuestionamientos. Más allá de la agenda gubernamental, estos espacios se han convertido en escenarios para lanzar críticas, propuestas y mensajes políticos, diluyendo el carácter técnico que deberían tener.

Uno de los puntos más controversiales fue la insistencia de Petro en promover una Asamblea Constituyente. El mandatario reiteró su intención de avanzar en este proceso e incluso pidió acelerar la recolección de firmas para impulsarla, lo que vuelve a encender el debate sobre la estabilidad institucional y las reglas de juego en el país.

Este planteamiento no es menor. La propuesta de una Constituyente implica cambios estructurales y ha sido vista por distintos sectores como una apuesta riesgosa en medio de un clima político ya tensionado y bastante polarizado.

#Política | El presidente @petrogustavo afirmó que impulsará una Asamblea Nacional Constituyente y entregará información para recolectar firmas ciudadanas, señalando que es un mecanismo permitido por la ley.

El mandatario indicó que la iniciativa buscaría reformar el sistema… pic.twitter.com/yygFy1Jxin

— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) April 22, 2026

Otro debate de fondo fue la legalidad y frecuencia de las alocuciones presidenciales. En Colombia estas intervenciones están reguladas.

La Corte Constitucional ha establecido que el uso de alocuciones debe tener un carácter institucional, informativo y excepcional, evitando su uso reiterado para fines políticos o de opinión. Según lo señalado por la jurisprudencia, “las alocuciones presidenciales no pueden convertirse en espacios de propaganda o intervención política permanente”, limitando su uso a situaciones de interés general debidamente justificadas. Sin embargo, en la práctica, el presidente ha recurrido de manera frecuente a estos espacios, lo que exige revisar si se está desbordando el marco permitido.