La justicia volvió a rechazar su solicitud de libertad por vencimiento de términos, mientras otros investigados en el escándalo enfrentan condenas, juicios y decisiones que marcan el rumbo del proceso.

El juicio contra Sandra Liliana Ortiz se reanudó el pasado 16 de abril con una nueva decisión judicial que volvió a cerrar la puerta a su salida de prisión.

Y es que, por cuarta vez, un juez negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por su defensa, en medio de un proceso que sigue generando atención por el alcance del presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Ortiz, quien se desempeñó como alta consejera presidencial para las regiones, enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias, delitos que, según la Fiscalía, estarían ligados a su participación en maniobras irregulares dentro de la entidad.

Decisión judicial

La defensa argumentó que se habían superado los tiempos legales para mantener a Ortiz privada de la libertad. Sin embargo, la Fiscalía respondió que esa solicitud ya había sido evaluada y rechazada en al menos siete ocasiones por diferentes instancias judiciales.

El ente acusador insistió en que no se cumplen plazos exigidos por la ley para conceder el beneficio en la etapa actual del proceso. En esa línea, el juez respaldó la postura de la Fiscalía y reiteró que no hay lugar a conceder la libertad.

Este nuevo revés deja claro que el proceso seguirá su curso sin modificaciones en la situación jurídica de la exfuncionaria, mientras se avanza hacia etapas más definitivas del juicio.

Otros implicados

El caso Ungrd no solo involucra a Ortiz. Uno de los nombres clave es el del exdirector de la entidad, Olmedo López, contra quien la Fiscalía ya radicó escrito de acusación por concierto para delinquir y peculado agravado.

López había intentado llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, pero este fue rechazado por el Tribunal Superior de Bogotá el pasado 14 de abril de 2026, al considerar que no garantizaba una adecuada reparación a las víctimas. Tras esa decisión, anunció que optará por una sentencia anticipada, buscando mantener beneficios por colaboración.

En paralelo, el exsubdirector Sneyder Pinilla ya fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión por su participación en el escándalo de los carrotanques, y además enfrenta una inhabilidad de 20 años para ejercer cargos públicos impuesta por la Procuraduría.

Panorama del caso

Otros implicados también avanzan en sus procesos judiciales. Los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique tienen medida de aseguramiento en centro carcelario desde marzo de 2026 por cohecho impropio, aunque han solicitado cumplir la detención en instalaciones militares.

Por su parte, los parlamentarios Liliana Bitar, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo fueron llamados a juicio por la Corte Suprema, pero continuarán vinculados al proceso en libertad, lo que marca un tratamiento diferenciado frente a otros investigados.

En contraste, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla recuperó su libertad por vencimiento de términos, aunque sigue formalmente vinculado a la investigación por un presunto intercambio de favores presupuestales por votos.

El desarrollo de estos procesos mantiene bajo escrutinio a varias figuras públicas y evidencia la complejidad de un caso que aún está lejos de resolverse.