La prórroga del contrato entre el Gobierno y la firma británica Amadeus Consultancy Limited volvió a generar cuestionamientos por el uso de los recursos públicos para atender asuntos relacionados con posibles sanciones internacionales contra el presidente Gustavo Petro y su familia.

Una microempresa británica con apenas dos empleados, un contrato por 10.000 millones de pesos pagados con recursos públicos, una asesoría jurídica relacionada con eventuales sanciones internacionales contra el presidente Gustavo Petro y su entorno familiar, y una nueva prórroga firmada por el Gobierno Nacional.

Todos esos elementos mencionados volvieron a encender la controversia alrededor del acuerdo suscrito entre la Presidencia y la firma Amadeus Consultancy Limited. La decisión mantiene intactas las condiciones económicas del contrato: cuatro pagos de 2.500 millones de pesos, equivalentes a 500 mil libras esterlinas cada uno, destinados, según el objeto contractual, a la elaboración de informes técnicos, análisis de riesgo institucional y recomendaciones jurídicas relacionadas con sanciones financieras internacionales provenientes de Estados Unidos.

Y es que, el primer desembolso ya fue confirmado, sin embargo, las dudas no han disminuido. Por el contrario, los cuestionamientos crecen alrededor de un interrogante central**: ¿por qué los colombianos deben asumir con sus impuestos la defensa jurídica del presidente y de su familia?**

Dudas alrededor del contrato

Los cuestionamientos apuntan en varias direcciones. Una de ellas tiene que ver con el perfil de la empresa seleccionada. Amadeus Consultancy Limited es una pequeña consultora británica creada en 2017, con activos limitados y apenas dos empleados registrados. También se cuestiona la ausencia de un proceso competitivo abierto para adjudicar el contrato, así como el alto costo de la asesoría.

Sectores políticos y analistas han insistido en que no resulta claro por qué una firma de dimensiones tan reducidas fue escogida para manejar un tema de sensibilidad diplomática y financiera internacional. Otro punto que ha alimentado la controversia es el alcance real de la asesoría. Aunque el Gobierno sostiene que el contrato busca proteger institucionalmente al Estado colombiano frente a eventuales sanciones externas, críticos aseguran que el beneficio termina concentrándose en la defensa del presidente Gustavo Petro, de Verónica Alcocer y de Nicolás Petro.

Una de esas voces en contra es la del exsenador Ernesto Macías quien cuestionó públicamente el acuerdo. “Los impuestos de los colombianos usados en la defensa de Petro, por sus posibles vínculos con carteles del narcotráfico”, afirmó.

¿Defensa institucional o asunto personal?

Desde distintos sectores se preguntan si este tipo de diligencias jurídicas deberían ser asumidas directamente por la familia presidencial con recursos propios, especialmente cuando involucran investigaciones o posibles sanciones que no recaen formalmente sobre el Estado colombiano como institución. Incluso ha llamado la atención que dentro de las discusiones públicas se mencione a personas cercanas al presidente, incluida su expareja, pese a que se trata de asuntos que, para varios críticos, corresponderían al ámbito privado y no al presupuesto nacional.

De todas maneras, el contrato va y mientras el Gobierno insiste en que el contrato busca blindar institucionalmente al país frente a eventuales riesgos financieros internacionales, la controversia sigue creciendo por la falta de claridad sobre el alcance de la asesoría, el uso de recursos públicos y la conveniencia de mantener vigente un acuerdo que, desde su origen, ha estado rodeado de dudas y suspicacias.

Gobierno prorroga contrato por $10.000 millones con firma británica que asesora a Petro por sanciones de EE. UU.

La Presidencia extendió el acuerdo con Amadeus Consultancy Limited sin modificar su valor ni condiciones, mientras la Procuraduría mantiene indagación.…

— Agencia de Periodismo Investigativo (@Agencia_API) May 10, 2026