El ataque con explosivos que dejó cerca de 20 muertos en la vía Panamericana, así como la escalada de violencia contra a la población civil son motivo de análisis de expertos que advierten su relación con una estrategia de desestabilización por parte de disidencias de las FARC que busca cuestionar la efectividad de la política de Paz Total.

El más reciente ataque en el Cauca, considerado uno de los más graves en más de una década, no es un hecho aislado. Hace parte de una escalada violenta que incluye más de una veintena de acciones coordinadas en pocos días en una región históricamente golpeada por el conflicto.

Para expertos en seguridad, estos hechos reflejan una combinación de factores estructurales y coyunturales que hoy ponen en jaque la estabilidad del país.

Román Ortiz, analista en temas de defensa, explicó que detrás de esta ofensiva hay una lógica clara de control territorial y presión política.

Según dijo, “consolidar un enclave criminal” es una de las metas principales de las disidencias lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.

Estrategia armada

Ortiz señaló que estos grupos buscan desplazar progresivamente a la Fuerza Pública de zonas estratégicas, reduciendo su capacidad de acción. “Hay un esfuerzo por empujar fuera a la fuerza pública y limitar su margen de maniobra en esas áreas”, explicó.

Hay que mencionar el contexto preelectoral que para el analista es vital en la interpretación de los hechos. “El objetivo en este momento es incrementar los costos para el Gobierno colombiano en esta coyuntura electoral y desgastarlo políticamente para imponer condiciones”, aseguró, al tiempo que advirtió una intención clara de influir en el escenario político.

El experto también destacó que, aunque muchas de las tácticas utilizadas recuerdan a las antiguas FARC, hay elementos nuevos que elevan el nivel de riesgo. Entre ellos, el uso de drones artillados.

“Es una capacidad de ataque preciso a larga distancia que antes no existía con este nivel de efectividad”, agregó.

Responsabilidad en debate

Frente a la pregunta sobre la responsabilidad del Estado, Ortiz hizo una distinción importante. Por un lado, indicó que los autores directos son los grupos armados ilegales. Sin embargo, también planteó cuestionamientos sobre la política de seguridad del Gobierno.

“La responsabilidad del ataque es del grupo terrorista que lo ejecuta, pero eso no excluye que haya una responsabilidad del Gobierno en términos de una política de seguridad inefectiva”, sostuvo.

En su análisis, la estrategia de Paz Total ha permitido el fortalecimiento de estas organizaciones.

“Lo que ha ocurrido es que estos grupos se han consolidado y fortalecido en las regiones donde tienen presencia”, señaló.

Además, advirtió que la respuesta estatal ha sido más reactiva que planificada. “Hay más acción de la Fuerza Pública, pero eso no significa que exista una estrategia coherente”, dijo, subrayando la falta de planificación como uno de los principales vacíos.

Lo que viene

De cara al futuro inmediato, el analista considera urgente implementar un plan de seguridad específico para las zonas más afectadas.

“Se necesita garantizar un mínimo de seguridad para que la vida económica y social pueda desarrollarse”, afirmó.

También insistió en la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado en el mediano plazo.

Según explicó, no se trata tanto de aumentar el número de efectivos, sino de mejorar sus condiciones operativas.

“El problema no es el tamaño de la fuerza, sino que esta no tiene recursos suficientes para operar de manera efectiva”, indicó.

Ortiz fue enfático en que uno de los mayores retrocesos ha sido la pérdida de capacidad de planeación dentro del sector defensa.

“Sin capacidad de planear, no hay estrategia posible, y eso es lo que estamos viendo ahora”, concluyó.

En un país que se acerca a elecciones y enfrenta un aumento de la violencia, el debate sobre la seguridad vuelve al centro de la agenda. Mientras tanto, regiones como el Cauca siguen pagando el precio más alto.