Fiscalía sostiene que hubo gastos no reportados, exceso en los topes permitidos y decisiones financieras que, según el fiscal del caso, habrían sido conocidas y autorizadas por Roa.

La Fiscalía General de la Nación empezó formalmente la imputación contra Ricardo Roa por el presunto delito de violación de topes electorales en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Durante la audiencia, el fiscal Elkin Ardila presentó un relato detallado sobre cómo, supuestamente, la campaña habría excedido los límites fijados por el Consejo Nacional Electoral.

Según la Fiscalía, en primera vuelta la campaña habría gastado más de 29.924 millones de pesos, cuando el límite autorizado era de 28.536 millones. En segunda vuelta, el exceso habría sido de 276 millones.

Además, el ente acusador aseguró que existieron pagos y movimientos financieros que no fueron reportados correctamente en la plataforma Cuentas Claras del CNA.

Uno de los momentos más fuertes de la audiencia llegó cuando el fiscal afirmó: “Usted sabía qué se había fijado para cada vuelta presidencial”. La frase fue usada para sustentar que Roa, como gerente de campaña, tenía pleno conocimiento de los límites legales y aun así habría autorizado gastos superiores a los permitidos.

Las frases más duras

La intervención del fiscal estuvo marcada por afirmaciones directas contra el hoy presidente de Ecopetrol. Una de las más contundentes fue cuando aseguró que Roa “permitió la ejecución de gastos reales que superaron esos límites máximos”. Con ello, la Fiscalía intenta demostrar que no se trató de simples errores administrativos, sino de decisiones conscientes dentro del manejo financiero de la campaña.

Otra frase que elevó la presión judicial fue: “Se le atribuye esta conducta a título de dolo”. En términos jurídicos, esto significa que la Fiscalía considera que hubo conocimiento y voluntad en las actuaciones investigadas. El fiscal explicó que esa conclusión no se basa únicamente en el cargo de gerente, sino en las funciones concretas que Roa desempeñaba dentro de la campaña presidencial.

El ente acusador también señaló que bajo la administración de Roa se detectaron más de 1.193 millones de pesos en gastos que no habrían sido reportados total o parcialmente. Entre esos movimientos figuran pagos relacionados con viajes, hospedajes, logística y contratos con distintas empresas.

En otro de los apartes más delicados de la audiencia, el fiscal sostuvo que Roa tenía “capacidad de aprobar, disponer y ejecutar” decisiones con incidencia directa sobre los recursos de la campaña. Para la Fiscalía, ese punto es clave porque buscaría demostrar una responsabilidad directa y no simplemente administrativa.

Lo que viene

La audiencia fue suspendida temporalmente después de que la defensa solicitara aclaraciones sobre varios puntos de la imputación. El juez concedió el aplazamiento y la diligencia continuará en los próximos días.

Hasta ahora, Ricardo Roa no ha aceptado cargos y mantiene su defensa frente a las acusaciones.

El caso se convirtió en uno de los procesos judiciales más sensibles para el Gobierno, debido a la cercanía de Roa con el presidente Gustavo Petro y porque es la primera vez que la Fiscalía lleva a imputación a un gerente de campaña presidencial por supuesta violación de topes electorales.

Mientras avanza el expediente, el debate político y jurídico sigue creciendo alrededor de la financiación de la campaña Petro Presidente.