Mientras el Gobierno insiste en acelerar acuerdos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, antes de terminar su mandato, crecen las dudas por las garantías judiciales, los beneficios otorgados y el hecho de que las zonas de concentración aparezcan antes de que existan compromisos definitivos de sometimiento.

De las Zonas de Ubicación Temporal, ZUT, se podría pensar que, al ser espacios designados para el despeje y permanencia de integrantes de grupos armados que entren en un proceso de tránsito hacia la legalidad, ya constituye suficiente beneficio el hecho de que no vayan a ser perseguidos por la Fuerza Pública ni capturados por la justicia mientras permanecen allí.

Sin embargo, sorprendió aún más que, tras el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la creación de cinco de estas áreas, el representante jurídico del Clan del Golfo, Ricardo Giraldo, asegurara que los integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, no ven esta medida como un beneficio. Se trata de una postura que vuelve a despertar cuestionamientos sobre las concesiones que el Estado está dispuesto a entregar en medio de una “Paz Total” que continúa generando fuertes críticas.

El Gobierno confirmó que serán cinco ZUT: tres destinadas al Clan del Golfo, dos en Chocó y una en Tierralta, Córdoba; y otras dos en Putumayo y Nariño para diferentes estructuras armadas.
Así las cosas, todo está previsto para que los primeros combatientes ingresen a finales de mayo, en lo que sería una fase piloto del modelo de concentración.

Experimento entre tensiones

El anuncio llega en uno de los momentos más complejos para la estrategia de “Paz Total”. Pese a la solicitud del Ejecutivo de suspender temporalmente las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, incluido alias ‘Chiquito Malo’, la Fiscalía contradice al presidente e insiste en mantenerlas vigentes. Sobre este punto, Ricardo Giraldo defendió la posición de las AGC y cuestionó la postura del ente acusador. “La suspensión de órdenes incluida la que es con fines de extradición opera de pleno derecho por ministerio de la ley”, afirmó el abogado, insistiendo en que la Fiscalía no tendría competencia para decidir cuáles órdenes reconoce y cuáles no.

Según explicó Giraldo, alrededor de 500 hombres, de los cerca de 10.000 integrantes que tendría la organización, ingresarían inicialmente a las ZUT, reconociendo, además, que se trata de un “programa piloto” para medir la capacidad institucional del Estado frente a los combatientes y las comunidades donde opera el grupo armado. “Esto viene a ser un programa piloto sobre qué tiene el Estado de oferta institucional para combatientes y las comunidades donde ellos tienen presencia”, señaló.

Debate por beneficios y concesiones

Las declaraciones del vocero jurídico también encendieron la discusión sobre las condiciones exigidas al Clan del Golfo para acceder a estos espacios. Frente al punto sobre si las AGC habían cesado actividades criminales o cumplido compromisos humanitarios, Giraldo respondió que la medida “no se mira como un beneficio”. “Es una fórmula de tránsito hacia la legalidad del combatiente”, sostuvo.

El debate no es menor. Históricamente, las zonas de distensión o concentración en Colombia han sido concebidas como punto de llegada de una negociación avanzada, cuando ya existen compromisos claros de sometimiento, desarme y garantías verificables. Por eso genera suspicacia que, a menos de tres meses del fin del gobierno Petro, estas ZUT aparezcan como uno de los primeros pasos y no como la fase final del proceso.

La estrategia inevitablemente revive comparaciones con la desmovilización paramilitar durante el gobierno de Álvaro Uribe. Aunque existen diferencias en contexto y enfoque, ambos modelos comparten elementos como negociaciones con estructuras narcotraficantes, beneficios judiciales condicionados y tensiones alrededor de la extradición de cabecillas.

Teniendo en cuenta que, en los procesos de paz en Colombia, las zonas de distensión suelen implementarse cuando ya existen acuerdos consolidados y condiciones claras de sometimiento, sigue abierta la pregunta de por qué, en esta negociación con el Clan del Golfo, el Gobierno decidió comenzar precisamente por otorgar estos espacios, que así no lo acepten los representantes de esta guerrilla, son beneficios. Más aún cuando todavía no se conocen compromisos definitivos de desarme ni garantías de abandono de economías ilegales, mientras el resto de la estructura criminal continúa operando en varias regiones del país.

#AlAire 🕊️🇨🇴 | Presidente @petrogustavo ordenó traslado de integrantes de grupos armados a Zonas de Ubicación Temporal

🗣️ El presidente Gustavo Petro anunció el traslado inmediato de integrantes de grupos armados ilegales a cinco Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en territorios… pic.twitter.com/aNP1hARycx

— Radio Nacional CO (@RadNalCo) May 14, 2026