La coordinadora del Observatorio de Conflictividades y Derechos Humanos de Indepaz, Juana Cabezas, advierte que el comportamiento de la confrontación armada muestra un fortalecimiento de las estructuras ilegales y una creciente presión sobre las comunidades rurales. El escenario podría agravarse durante el segundo semestre.

Colombia llegó a la mitad de 2026 con 65 masacres y 258 víctimas registradas en al menos 20 departamentos, según Indepaz.

El panorama se complementa con nuevos eventos de desplazamiento forzado, confinamientos y asesinatos de líderes sociales en zonas donde la presencia estatal sigue siendo insuficiente frente al avance de actores armados ilegales. (Lea en CONtexto ganadero: Polémico comunicado de alias ‘Calarcá’ es visto por MinDefensa como admisión de la masacre)

La principal preocupación no está únicamente en la cifra. Lo que muestran los registros es una mayor capacidad de operación de grupos armados que hoy disputan territorios estratégicos y ejercen presión sobre comunidades, economías rurales e instituciones locales.

Juana Valentina Cabezas, consultada por CONtexto, advirtió que la tendencia resulta especialmente preocupante porque el año apenas entra en su segunda mitad.

“En 2025 tuvimos 78 masacres y en años anteriores el promedio estuvo alrededor de 90. Sabemos que la cifra de 2026 puede superarse, por mucho, frente a los años anteriores”, presagió.

Las masacres ocurren en territorios en los que convergen intereses relacionados con corredores estratégicos y economías ilegales.

Allí coinciden estructuras como el Eln, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y redes criminales locales.

Dicha fragmentación dificulta establecer responsabilidades y fortalece la impunidad. Muchas veces los autores materiales son identificados, pero quienes ordenan o financian las acciones violentas permanecen fuera del alcance de las investigaciones.

“Hay bandas delincuenciales que actúan vinculadas a organizaciones de mayor tamaño. Eso hace mucho más difícil encontrar quién es el verdadero responsable de estos hechos”, explicó Cabezas.

A las rentas derivadas del narcotráfico se suman actividades como la minería ilegal, la extorsión, el tráfico de armas y la trata de personas.

El control de esos recursos sigue alimentando las confrontaciones en distintas regiones.

Comunidades en juego

La crisis humanitaria no se limita a los homicidios colectivos, pues el desplazamiento forzado sigue siendo una herramienta de control territorial utilizada por los grupos armados para consolidar su presencia y expulsar a las comunidades de zonas estratégicas.

Solo en abril, el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz documentó cinco eventos de desplazamiento forzado que afectaron a 568 personas en cinco municipios del país.

Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Valle del Cauca concentraron los casos reportados.

La mayoría de estos hechos estuvieron asociados a enfrentamientos entre grupos armados organizados, responsables del 40% de los eventos registrados durante ese mes.

Las amenazas directas contra la población representaron otro 20%, mientras que el resto correspondió a confrontaciones con la Fuerza Pública o situaciones sin identificación clara de responsables.

"Si pusiéramos un mapa de las violaciones de derechos humanos encima del mapa de desplazamientos, encontraríamos, prácticamente, los mismos territorios", explicó. (Lea en CONtexto ganadero: Más ataques dejan decenas de muertos: ¿quién protege a Colombia de cara a las elecciones?)

"Los desplazamientos son visibles, pero también existen confinamientos que pueden durar meses y que impiden a las comunidades acceder a educación, salud, alimentación o trabajo", agregó.

Vacío institucional

La persistencia de la violencia también golpea a quienes ejercen liderazgo social y comunitario.

Indepaz registró más de 67 líderes asesinados durante lo corrido del año.

Las alertas tempranas emitidas para advertir riesgos en diferentes regiones no siempre se traducen en medidas efectivas de prevención o protección.

“Tenemos alertas que caracterizan claramente los riesgos, pero las instituciones no responden. Parece una decisión de no atender este tipo de situaciones”, sostiene Cabezas.

La consecuencia es un escenario en el que los grupos armados fortalecen su influencia mientras las comunidades rurales enfrentan mayores dificultades para sostener la gobernabilidad local.

Si la tendencia continúa durante el segundo semestre, Colombia podría cerrar 2026 con uno de los balances más críticos de violencia territorial de los últimos años.