Análisis técnico de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) advierte que las apuestas en la actual carrera presidencial mantendrán herramientas tradicionales para enfrentar fenómenos criminales cada vez más sofisticados. El candidato que lidere el país desde el 7 de agosto se encontrará con más de 27.000 integrantes de grupos armados organizados, presencia criminal en cerca de 600 municipios y al menos 14 zonas de disputa activa.

Colombia llegará al próximo cambio de gobierno enfrentando un escenario de seguridad más complejo que el de hace una década. Mientras la carrera presidencial vuelve a poner sobre la mesa promesas de recuperar territorios, fortalecer instituciones y combatir estructuras ilegales, expertos advierten que la dimensión actual del crimen organizado exige respuestas más sofisticadas que las fórmulas tradicionales.

La discusión no pasa únicamente por aumentar el pie de fuerza, endurecer sanciones o ampliar operaciones militares. El verdadero reto está en determinar si las propuestas planteadas hoy tienen capacidad real de implementación, sostenibilidad financiera y herramientas suficientes para responder a una criminalidad que cambió de forma, alcance y funcionamiento.

Ese es uno de los principales hallazgos planteados por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que revisó las propuestas de seguridad de los cinco candidatos presidenciales que lideran las encuestas y encontró que persisten dudas sobre qué tan preparadas están las estrategias con las que enfrentarán la naturaleza actual de la violencia organizada y las restricciones fiscales que tendrá el próximo gobierno.

El análisis, liderado por Javier Flórez, director de Conflicto y Seguridad de la FIP, no evalúa afinidades ideológicas ni preferencias políticas. El foco está en viabilidad, coherencia y capacidad potencial de ejecución.

Y es que el próximo gobierno recibirá un país con más de 27.000 integrantes de grupos armados organizados, presencia criminal en cerca de 600 municipios y al menos 14 zonas de disputa activa entre estructuras ilegales, según estimaciones oficiales y monitoreo de la FIP. (Lea en CONtexto ganadero: Fuerza militar está en jaque por aumento de ataques con drones explosivos)

A ese panorama se suma un deterioro humanitario reflejado en desplazamientos, confinamientos, secuestros y una expansión sostenida de economías ilícitas que dejaron de depender exclusivamente del narcotráfico.

Hoy las redes criminales funcionan con esquemas más flexibles, diversificados y conectados con mercados legales e ilegales.

Además, la evolución tecnológica también transformó las amenazas, pues según datos citados por la FIP con base en información del Ministerio de Defensa, durante los últimos tres años se han registrado más de 500 ataques ofensivos con drones. El fenómeno refleja una realidad distinta a la que enfrentaba Colombia hace dos décadas.

Fuerza y resultado

Uno de los principales hallazgos del informe es que persisten vacíos comunes entre distintas apuestas presidenciales. El primero tiene que ver con la priorización. Según la FIP, ningún gobierno tendrá capacidad para intervenir simultáneamente todos los territorios afectados ni todas las economías ilícitas. La necesidad pasa por identificar amenazas, regiones y actores prioritarios.

El segundo vacío está relacionado con la teoría de cambio. “Más pie de fuerza no garantiza automáticamente más seguridad. Más cárceles no reducen necesariamente el crimen. Más programas sociales no desmontan, por sí solos, estructuras armadas”, plantea el análisis.

La advertencia apunta a una discusión en la que se explique cómo cada medida propuesta lograría reducir capacidad criminal, control territorial y reproducción de economías ilegales.

La FIP también advierte que algunas estrategias altamente punitivas pueden producir resultados rápidos, pero generar riesgos institucionales o desplazamientos territoriales del fenómeno criminal si no existe presencia estatal sostenida. (Lea en CONtexto ganadero: Advierten riesgo terrorista antes de elecciones en Colombia)

Presión en finanzas

El tercer límite identificado aparece en las cuentas. El próximo gobierno enfrentará restricciones presupuestales y un escenario fiscal complejo.

En ese contexto, las propuestas que incluyen simultáneamente expansión militar, fortalecimiento judicial, infraestructura penitenciaria, inteligencia y programas sociales deberán explicar cómo financiarán esas apuestas. La FIP insiste en que varias iniciativas siguen apostando por instrumentos tradicionales sin responder completamente a las limitaciones presupuestales que tendrá el país.

La discusión no es menor. Modernizar inteligencia, fortalecer operaciones territoriales, ampliar capacidades policiales o aumentar presencia institucional implica costos permanentes que exigen sostenibilidad financiera.

¿Qué se viene?

Más allá de las diferencias programáticas, la Fundación Ideas para la Paz identifica un reto común para el próximo presidente, pues la violencia organizada cambió.

Hoy opera mediante redes fragmentadas, economías ilícitas diversificadas, adaptación tecnológica y mayor flexibilidad criminal. Por eso, el desafío no pasa únicamente por hacer más. La discusión, según la FIP, está en hacer mejor.

Construir respuestas articuladas entre seguridad, justicia, política criminal y desarrollo territorial será determinante para enfrentar una realidad en la que las amenazas evolucionan más rápido que la capacidad institucional.

El próximo gobierno no solo deberá recuperar control territorial. También tendrá que demostrar que puede hacerlo con recursos limitados, mayor sofisticación criminal y una presión creciente sobre las capacidades del Estado.