Un informe de Indepaz advierte que su verdadera fortaleza no está únicamente en el uso de las armas, sino en su capacidad para construir alianzas, tercerizar la violencia y penetrar estructuras locales de poder. La investigación también alerta sobre el impacto humanitario y político que deja esta expansión en medio de la política de Paz Total.

El Clan del Golfo continúa siendo una de las estructuras criminales más influyentes de Colombia, pero su expansión reciente no responde necesariamente a un dominio militar uniforme sobre los territorios. Esa es una de las principales conclusiones del informe El Clan del Golfo: un orco con pies de barro, elaborado por Indepaz y coordinado por la investigadora Juana Valentina Cabezas, quien plantea que el grupo consolidó un “régimen de poder” basado en redes de alianzas, economías ilegales y tercerización de la violencia.

La tesis rompe con la idea tradicional del grupo armado como un gran ejército que avanza, solamente, tomando municipios a sangre y fuego. Según el análisis, el Clan del Golfo funciona más como una plataforma criminal flexible capaz de conectarse con bandas locales, actores económicos y sectores cooptados de la institucionalidad para sostener su presencia territorial. (Lea en CONtexto ganadero: El ‘Clan del Golfo’ aterroriza a ganaderos en Sucre, con motosierra sacrifican a los animales)

Ese modelo, explicó Cabezas a CONtexto, le permite expandirse sin necesidad de tener hombres armados en todos los lugares donde ejerce influencia.

“Su poder no depende únicamente de la presencia armada homogénea, sino de un sistema de múltiples alianzas”, señaló la investigadora. La estructura se sostiene mediante relaciones con economías ilegales, corredores logísticos y redes locales que terminan funcionando como operadores tercerizados.

La metáfora del “orco con pies de barro” apunta precisamente a esa dualidad. El grupo parece enorme y extendido, pero también depende de una cadena de actores externos para mantenerse. Si alguna pieza falla, por interés, presión estatal o ruptura de alianzas, el sistema comienza a fracturarse.

Redes criminales

El informe advierte sobre corredores de expansión en departamentos como Bolívar, Atlántico, Cesar, Tolima y zonas del occidente del país, donde el interés de la organización no se limita al narcotráfico, sino al control de rutas, minería ilegal, tráfico de madera y movilidad de migrantes.

Para Indepaz, el verdadero cambio está en la manera como opera la estructura. La organización ya no necesita instalar un dominio militar visible en cada territorio. En muchos casos le basta con construir alianzas locales y ejercer presión indirecta sobre comunidades y autoridades.

“La violencia no siempre se traduce en grandes confrontaciones armadas. Hay territorios donde el control es absoluto y pasa más desapercibido”, sostiene Cabezas. Córdoba aparece como uno de los ejemplos más claros: menor visibilidad de choques armados, pero fuerte capacidad de regulación social y control territorial.

El caso del Tolima también genera preocupación. Según el informe, la aparición de la organización en municipios cercanos al río Magdalena respondería a intereses logísticos y de conexión con corredores hacia el centro del país. (Lea en CONtexto ganadero: Cesar y La Guajira bajo fuego: la ilegalidad y el terror se apoderan de las carreteras y el campo)

Outsourcing de la violencia

Uno de los puntos más delicados del informe es la explicación sobre el modelo de tercerización criminal. El Clan del Golfo, según Indepaz, subcontrata bandas delincuenciales locales que ya tienen control sobre barrios, economías ilegales o redes urbanas.

Eso ocurre, por ejemplo, en ciudades como Quibdó, donde estructuras locales ejecutan acciones violentas, extorsiones o control territorial sin que la responsabilidad judicial recaiga directamente sobre el mando central del grupo.

La ventaja para la organización es doble: expansión rápida y menor exposición judicial. “La violencia que cometen estas bandas no impacta directamente en responsabilidad al Clan del Golfo”, explicó Cabezas. Ese esquema también modifica las dinámicas de gobernabilidad local. El informe señala que la organización no necesariamente impone alcaldes o gobernadores, pero sí influye en decisiones territoriales mediante intimidación, presión política y control social.

Instituciones permeadas

La investigación también documenta denuncias sobre vínculos con integrantes de fuerzas de seguridad y sectores institucionales en regiones como Antioquia, Córdoba, Valle del Cauca y Nariño. Según Cabezas, no puede hablarse de una captura total del Estado, pero sí de una infiltración progresiva que facilita movilidad, protección e impunidad para las estructuras criminales. “Son actores que entran y empiezan a dañar ciertos sectores dentro de las instituciones y logran su objetivo”, afirma.

Ese fenómeno explica, en parte, la capacidad de permanencia territorial del grupo incluso en zonas donde existen operaciones constantes de la fuerza pública.

Las consecuencias humanitarias siguen siendo profundas. Indepaz advierte sobre desplazamientos, confinamientos y violencia contra liderazgos sociales en regiones como Bajo Cauca antioqueño, sur de Bolívar, Córdoba y Chocó. En esas zonas, las comunidades quedan atrapadas entre disputas criminales y mecanismos silenciosos de control. El miedo ya no siempre llega mediante grandes ofensivas armadas, sino a través de amenazas, restricciones a la movilidad y control cotidiano de la vida local.

En medio de la política de Paz Total, el informe también advierte sobre la intención del Clan del Golfo de construir un discurso político para buscar reconocimiento en eventuales negociaciones. Sin embargo, Indepaz insiste en que sigue siendo una estructura fundamentalmente criminal y económica.