Los hechos recientes en ambos departamentos muestran una escalada violenta que contradice los avances en negociaciones. Las cifras humanitarias y las denuncias políticas advierten un deterioro que podría profundizarse. Entre enero y febrero de 2026, 101.200 personas fueron afectadas por acciones de grupos armados en distintas regiones del país.

Un ataque armado contra uniformados de la Policía en Cartagena del Chairá, Caquetá, que dejó un patrullero muerto y cuatro heridos, y la muerte de tres soldados en Ipiales, Nariño, en medio de combates con disidencias, evidencian una nueva arremetida contra la Fuerza Pública en regiones estratégicas del país.

Los hechos, registrados en operativos recientes, reflejan la persistencia de estructuras armadas ilegales que continúan desafiando al Estado. (Lea en CONtexto ganadero: 35 masacres y 133 asesinatos en 1er trimestre de 2026 desnudan la inseguridad rural en Colombia)

Estos ataques se inscriben en una dinámica creciente de violencia que cuestiona la efectividad de la política de “Paz total” del Gobierno de Gustavo Petro. La muerte del patrullero Jason Rayo Espinoza, de 24 años, en medio de labores de control durante una feria local, demuestra que incluso las acciones preventivas están siendo blanco de ataques directos.

Otro caso fue el ocurrido en Ipiales, donde tres soldados fueron asesinados en operaciones contra grupos armados, en un hecho que, según versiones preliminares, incluyó el uso de explosivos y tecnologías como drones. Este tipo de acciones revela no solo la continuidad del conflicto, sino una evolución en las capacidades operativas de estas estructuras.

Desde un análisis más amplio, estos hechos permiten plantear que la estrategia de seguridad del Gobierno no ha logrado contener la violencia y, en ciertos escenarios, podría estar generando condiciones que favorecen la reorganización y el fortalecimiento de los grupos armados. La reiteración de ataques contra la Fuerza Pública y la ruptura de acuerdos sugieren una pérdida de control en varios territorios.

Hechos que conmocionan

En Caquetá, los uniformados habían sido desplegados de manera temporal para reforzar la seguridad durante un evento local. En ese contexto, fueron sorprendidos por un ataque armado que las autoridades calificaron como una acción directa contra la institucionalidad.

En Ipiales, el Ejército desarrollaba operaciones contra grupos armados organizados en una zona de frontera cuando se produjo el ataque que dejó tres soldados muertos y dos heridos. Según información oficial, los hechos ocurrieron en medio de acciones ofensivas contra estructuras ilegales.

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, advirtió que la situación en la frontera exige respuestas rápidas y coordinadas ante el riesgo de nuevas escaladas. (Lea en CONtexto ganadero: Investigan masacre en Casanare: ofrecen recompensa por ataque a cinco campesinos en Villanueva)

Indicadores que preocupan

Los datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) aportan contexto a estos hechos. Entre enero y febrero de 2026, 101.200 personas fueron afectadas por acciones de grupos armados en distintas regiones del país.

En ese mismo periodo se registraron 28 emergencias humanitarias masivas, con más de 20.800 personas impactadas. Se suma un incremento del 75% en el uso de artefactos explosivos improvisados, lo que evidencia una intensificación de las dinámicas violentas. Estas cifras muestran un patrón sostenido que evidencian el deterioro en seguridad.

Tensión y oposición

Desde el Gobierno, las reacciones han combinado condena y preocupación. El ministro de Defensa aseguró que se intensificarán las operaciones para dar con los responsables, mientras reiteró el llamado a la desmovilización.

Por su parte, el jefe negociador de paz, Armando Novoa, reconoció que los ataques “rompen los acuerdos” alcanzados en los diálogos y afectan la viabilidad de las conversaciones. También señaló incumplimientos por parte de los grupos armados, especialmente en compromisos humanitarios.

Las críticas políticas han sido más contundentes. El senador José Vicente Carreño acusó al Gobierno de permitir que grupos armados vinculados al proceso de paz continúen cometiendo ataques contra la Fuerza Pública, como el ocurrido en Ipiales, y cuestiona que, pese a estos hechos, sigan recibiendo beneficios. Además, señaló una falta de acción efectiva de las autoridades frente a estos hechos, planteando un escenario de impunidad.

Este tipo de pronunciamientos refuerza la idea de que los avances en negociación no han estado acompañados de una reducción efectiva de la violencia.

El escenario se complejiza con la advertencia de la Misión de Observación Electoral sobre 185 municipios en riesgo por factores de violencia y fraude. Este contexto sugirió que la presión de los grupos armados podría incrementarse en los próximos meses.