¡Atención! Indígenas continúan ocupando ilegalmente predios privados en Nariño

El fin de semana pasado varios medios de comunicación regionales reportaron desmanes en una finca ganadera en el municipio de El Cumbal, a donde grupos indígenas, al parecer, llegaron intimidando a los trabajadores, para luego destruir las edificaciones y parte del mobiliario.

A pesar de los anuncios hechos por el presidente Petro y la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño, en cuanto a los avances de la Reforma Rural Integral que implica la repartición de tres millones de hectáreas de tierra fértil a campesinos desposeídos o carentes de ella, se siguen presentando en varias zonas del departamento de Nariño ocupaciones ilegales por parte de grupos indígenas que desconocen la legítima propiedad de los terrenos.

Según el reporte de los propietarios, autoridades administrativas y de Policía, un grupo de indígenas llegó hasta una finca ganadera en el municipio de El Cumbal y desalojaron a las personas que se encontraban en el lugar. Habiendo invadido el terreno, procedieron a destruir parte de las edificaciones que servían de cobijo a los trabajadores y equipos propios para las labores de la ganadería.

En los videos que circulan en redes sociales y que son prueba de la ocupación ilegal, se ve a un grupo de indígenas recorriendo en actitud beligerante la hacienda, destruyendo todo a su paso con machetes, azadones, picas, palas y armas de fuego, mientras al fondo, en medio de la humareda puede verse la magnitud de los daños.

¿Esfuerzo fallido?

A pesar de las invasiones sostenidas en la zona desde el mes de enero, las autoridades del departamento de Nariño aseguran que hacen todos los esfuerzos humanos e institucionales para mediar en esta situación que ha dejado pérdidas económicas incalculables para los propietarios invadidos.

“Nuestra tarea como autoridades del departamento es garantizarles a los propietarios el respeto por sus derechos. Pero más importante aún es conocer la suerte de los niños que se vieron afectados. Vamos a seguir siendo facilitadores de un diálogo entre estas comunidades y los propietarios de estos predios, con la finalidad de que se pudieran llegar a unos acuerdos”, explicó en rueda de prensa Andrés Zúñiga, secretario de Gobierno del Departamento.

Mientras tanto, las comunidades indígenas siguen diciendo que estas acciones no son ilegales, sino que obedecen a un proceso de ‘recuperación de tierras’ que tiene sustento en leyes del orden nacional, internacional y espiritual.

“Los argumentos jurídicos para la recuperación de la tierra han sido la Ley de Origen, la Ley Natural y el Derecho Mayor, los amparos posesorios, la escritura 228 de 1908, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Ley 89 de 1890, el convenio 169 de la OIT, la Constitución de Colombia de 1991 y todo el bloque de constitucionalidad que ampara y protege nuestros derechos colectivos”, puntualizó uno de los líderes de la ocupación.