Colombia cuesta arriba en violencia y desplazamientos. ¿Por qué?

Nos habían advertido los analistas que el último tramo del gobierno actual iba a ser complejo y duro en todos los aspectos de la vida nacional. Sin embargo, como señala la ley de Murphy, todo es factible de empeorar, que en su versión popular es "si algo puede salir mal, saldrá mal".

Los antecedentes no podrían ser más ilustrativos. En su afán de protagonismo, el primer mandatario de Colombia buscó camorra con su homólogo de Estados Unidos, por su política de migración y la lucha contra las drogas ilícitas sobre las que este último argumenta, que llevan muerte a su país, y a renglón seguido señala que Venezuela las comercia y Colombia las produce. En mala hora el nuestro defendió al presidente de Venezuela y pateó en el mismo patio de Trump la lonchera, colocando a punto de quiebre las relaciones comerciales.

Más aún, el inquilino de la Casa de Nariño empezó a blandir –por allá el primero de mayo de este año–, otro de sus símbolos favoritos, una bandera roja y negra como grito guerrero de libertad o muerte. No sólo la ha esgrimido para amedrantar al congreso colombiano, a los empresarios y contra todo el que se le atraviesa, sino para aupar lo que él llama el pueblo, quienes prestos –indígenas y primera línea–, esperan ese grito guerrero para obtener por la fuerza lo que por democracia no logra. Y vuelve a la carga desempolvando la idea de una constituyente popular, argumentando que la institucionalidad no le permite hacer sus reformas, a la par que sin reto confiesa su maquiavelismo.

También ha utilizado ese símbolo en escenarios internacionales en los que, como diría Lucas Caballero, “harmano gulito nos hizo quedar como el exosto de un camello”. Sí. Si algo puede salir mal, saldrá mal. Por lo menos hasta ahora para él en ese fuego cruzado con Trump.

¿Pero qué es factible de empeorar? El estatismo como verdad incuestionable, la destrucción de la democracia, la violencia, el desplazamiento y el aumento del control territorial por parte del narcotráfico que, bajo la sombrilla de las mesas de paz, ha logrado hacer florecer sus negocios ilícitos, y por lo cual la mirada de Estados Unidos a Colombia puede tomar otro rumbo más catastrófico.

Es un disparate tras otro disparate. El presidente colombiano anunció en enero 17 de este año, que suspendía los diálogos de paz con el ELN, lo cual en la práctica no parece significar que los combatiría realmente, más aún, invitó a la mesa de la paz a otros actores como el Clan del Golfo y al extinto paramilitarismo, y se pavoneo en tarima con presos por delito de narcotráfico, todos promotores de la intimidación, la violencia y el desplazamiento.

El último informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), muestra cifras aterradoras sobre dinámica que ha adquirido la violencia y el desplazamiento en Colombia en este año a septiembre. Su reciente evolución permite intuir ese tránsito hacia el comunismo del siglo pasado en lo que resta de la actual administración y la senda que se ha trazado para el próximo cuatrienio con los mismos ingredientes de la receta. Eso es más y peor de lo mismo, al buscar una economía dependiente del poder central y una figura dictatorial. Para ponerlo en su verdadera dimensión, diríamos que lo que se ha hecho hasta hoy en reforma agraria con un ingenioso marco legal, es un juego infantil.

Dice el informe que el número de víctimas del conflicto armado y la violencia ha sido, en ese período, casi tres veces superior a la del año anterior, sumando más de 1,5 millones de víctimas.

Todos los colombianos lo hemos visto: regiones enteras sitiadas a través de paros armados, ataques contra la población civil y contra militares y policías. El periódico El Tiempo da cuenta de más de 140 uniformados han sido asesinados en ese lapso. También da cuenda de que, en los paros armados, los grupos narcoterroristas suelen restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y ríos, la movilidad de las personas e incluso ordenan el cierre de comercios, además de cometer agresiones y amenazar a todo aquel que no cumpla con las restricciones impuestas.

OCHA señala que, entre enero y septiembre se registró un desplazamiento masivo y un caso de confinamiento cada tres días en promedio en el país, afectando a al menos 752 personas por día; que, la población afectada por eventos de desplazamiento masivo se incrementó 93 %, y por confinamiento 19 % en comparación con el mismo período de 2024. Y de contera, la guardia indígena o la población que dice ser civil, y secuestra militares o los desaloja de los territorios.

A nivel territorial el informe de OCHA trae otra perla: que en el mismo período se identificaron nuevos focos de preocupación en los departamentos de Bolívar (norte), Guaviare (sur) y Valle del Cauca (suroeste), que en conjunto registraron más de 49.700 personas afectadas por confinamiento.

La violencia en el sector ganadero es pan de cada día. CONtexto ganadero está lleno de noticias sobre extorsión, secuestro, invasión de tierras, abigeato, bloqueos, restricciones de movilidad, asesinatos y amenazas. En una de sus recientes notas se lee que, en solo siete días, el campo colombiano fue escenario de 25 hechos de inseguridad que encendieron las alarmas del gremio ganadero.

Pese al amor y tesón de los ganaderos por su actividad, es evidente que el sector enfrenta una crisis de confianza, pues la inseguridad limita el desarrollo rural y la inversión, aumenta costos, y, en no pocos casos, desplazamiento de productores y reducción de la producción.

Esa es la Colombia que no queremos, pero es la cuesta arriba de violencia y desplazamientos que se avizora. Estamos en un momento decisivo de pararle el macho a una política que endulzó los oídos con el canto de sirenas de la paz, por no decir que engatusó a una población desesperanzada por la politiquería, la corrupción y las promesas incumplidas. Hoy tenemos, desafortunadamente, más, y mucho peor, de lo mismo.