La inseguridad rural se recrudece mientras el sector ganadero enfrenta robos, asesinatos y abandono institucional. Organizaciones criminales y grupos armados ilegales operan con impunidad en regiones estratégicas, afectando la economía rural y el tejido social.

El país vivió una semana marcada por la violencia en las zonas rurales, pues del 20 al 26 de octubre, se registraron 43 reportes por los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz (FSSP), liderados por Fernando Murillo, de los cuales 11 afectaron directamente al sector ganadero.

El delito de abigeato se posicionó como la amenaza más recurrente, con cuatro casos confirmados que pusieron en evidencia el abandono de la seguridad en las fincas.

Murillo explicó que en siete de los once casos no hubo denuncia formal, lo que demuestra la desconfianza de los ganaderos frente a las instituciones. (Lea en CONtexto ganadero: ¡La delincuencia arrasa con el campo! Ganaderos indefensos prefieren callar por miedo)

Las respuestas oficiales fueron parciales, debido a que la Policía Nacional acudió en seis de los hechos, el Ejército en tres, y la Fiscalía solo en dos. Para el resto, el silencio del Estado fue tan evidente como preocupante.

En ese orden de ideas, La Guajira y Sucre encabezaron la lista con dos reportes cada uno, mientras que Valle del Cauca, Santander, Meta, Cesar, Bolívar, Arauca y Antioquia también sumaron casos. En total, 96 reses fueron vinculadas directamente a los hechos de inseguridad rural durante esos siete días.

Los responsables están debidamente establecidos, pues según los reportes del FSSP, cinco casos fueron protagonizados por redes de delincuencia organizada, tres por delincuencia común, dos por grupos armados ilegales y otros dos clasificados como delitos varios. Además del abigeato, se reportaron tres casos de carneo, dos estafas, una invasión de finca y un homicidio.

De cara a la violencia

Uno de los casos más estremecedores fue el hallazgo del cuerpo sin vida de Walter Zubieta Torres, reconocido ganadero del caserío Santo Domingo, cerca de Tame, Arauca. Zubieta había sido secuestrado el pasado 3 de octubre en su finca por hombres armados. Su cuerpo fue encontrado en una zona rural, demostrando que el campo está a merced de los violentos.

Mientras tanto, en la Serranía de San Lucas, al sur de Bolívar, campesinos fueron utilizados como escudos humanos por grupos ilegales que se disputan el control de minas ilegales. (Lea en CONtexto ganadero: La trampa de las cifras que esconde la inseguridad rural en Cesar)

Las imágenes de cuerpos hallados en bolsas de basura y los reportes de decenas de heridos reflejan una tragedia humanitaria en desarrollo. La minería ilegal se cruza con el conflicto armado, y en medio quedan los habitantes rurales, completamente desprotegidos.

Instituciones ausentes

Ante este escenario, el general Murillo señaló que los análisis de los Frentes Solidarios ya están siendo entregados semanalmente a la Dirección de Carabineros, con la esperanza de que estas unidades logren una acción más coordinada y eficiente. Sin embargo, la falta de resultados tangibles aumenta la desesperanza en las regiones.

“La información ya se le está entregando cada 8 días a Carabineros para que realmente la utilicen de la mejor manera y nos apoyen frente a las situaciones críticas que se están presentando”, expresó Murillo, quien ha sido una de las voces más persistentes en exigir acciones contundentes desde el Estado.