La confrontación armada en Norte de Santander ya golpea a líderes sociales, autoridades locales y población civil, mientras organismos multilaterales advierten riesgos humanitarios crecientes. La preocupación ya no es solo lo que ocurre hoy, sino lo que podría pasar si la respuesta institucional no logra contener el deterioro territorial.

La situación de orden público en una de las regiones más golpeadas históricamente por el conflicto armado colombiano volvió a encender señales de máxima preocupación. La violencia que se intensifica en Catatumbo llevó a que actores con capacidad de observación territorial y acompañamiento humanitario elevaran una advertencia conjunta sobre el deterioro de seguridad y las consecuencias para las comunidades.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia y la Conferencia Episcopal Colombiana expresaron su preocupación por lo que está ocurriendo en esta zona estratégica de Norte de Santander, donde la confrontación entre grupos armados ilegales continúa aumentando riesgos para civiles, liderazgos comunitarios y autoridades locales.

Pero detrás del pronunciamiento existe una realidad más profunda relacionada con que el Catatumbo atraviesa un escenario en el que la seguridad territorial, la gobernabilidad y la protección de la población comienzan a mostrar señales de debilitamiento.

Y cuando organismos multilaterales y la Iglesia Católica hablan en una sola voz, el mensaje suele ir más allá de una advertencia coyuntural.

Catatumbo lleva décadas siendo uno de los puntos más sensibles del país por la presencia de actores armados ilegales, economías ilícitas, disputas territoriales y limitaciones históricas de presencia estatal.

La combinación de esos factores ha convertido la región en un escenario particularmente frágil para las comunidades rurales.

El reciente llamado internacional expone que la confrontación actual está dejando impactos en materia de seguridad y consecuencias humanitarias que empiezan a profundizarse.

Según el comunicado conjunto, la situación ha derivado en amenazas, estigmatización y ataques directos contra población civil, líderes sociales, dignatarios de juntas de acción comunal, organizaciones y autoridades locales.

Para los organismos firmantes, las afectaciones ya superan los niveles tolerables. “Rechazamos de manera contundente toda acción que involucre, afecte o ponga en riesgo a la población civil”, señalaron. (Lea en CONtexto ganadero: En Colombia se registran 236 muertos por masacres solo en los últimos cinco meses)

Tejido social

Uno de los puntos más sensibles del escenario actual es el efecto que la violencia genera sobre quienes cumplen funciones de liderazgo territorial.

Cuando dirigentes comunitarios, autoridades locales y organizaciones sociales quedan expuestos a amenazas o intimidaciones, la capacidad de respuesta institucional también comienza a deteriorarse. Eso implica menos mediación y gobernabilidad y mayor vulnerabilidad para las comunidades.

Las advertencias también señalaban amenazas contra líderes sociales, firmantes de paz y comunidades civiles.

La MAPP/OEA, Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal reiteraron el llamado a todos los grupos armados ilegales para respetar las normas humanitarias y garantizar protección a la población.

“La protección y el respeto absoluto a la población civil no está sujeta a interpretación ni a cumplimiento discrecional”, enfatizaron.

Por eso, no se trata únicamente de un llamado político. Es una alerta sobre posibles consecuencias humanitarias mayores si la confrontación continúa escalando.

Las organizaciones insistieron en la necesidad de fortalecer la protección integral de las comunidades y garantizar presencia efectiva en los territorios. (Lea en CONtexto ganadero: Las cifras del horror: Colombia sumó 51 masacres y 54 líderes asesinados en 2026)