Una movilización nacional convocada por investigadores y trabajadores del sector agropecuario pone en evidencia tensiones estructurales en la financiación de la ciencia. La advertencia apunta a efectos que podrían sentirse desde los laboratorios hasta el campo.

Este miércoles 22 de abril, desde las 8:00 de la mañana, trabajadores de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia) se movilizarán en distintos puntos del país.

En el departamento del Cesar, la cita será en la entrada principal del Centro de Investigación La Motilonia. La convocatoria surge como respuesta a recortes presupuestales proyectados para 2027 y a decisiones institucionales que, según los empleados, comprometen la estabilidad de la entidad. (Lea en CONtexto ganadero: Recorte presupuestal a Agrosavia golpea el desarrollo rural)

Pero más allá de una protesta laboral, lo que está en juego, según advirtieron, es el futuro de la ciencia pública agropecuaria en Colombia. La movilización busca visibilizar un problema que, de no atenderse, podría afectar la producción de alimentos, la innovación rural y la sostenibilidad del campo

La investigadora máster Clara Viviana Rúa, con más de una década de experiencia, describió el momento como inédito. “No es normal que salgamos a las calles. En los 11 años que llevo en la corporación, es la primera vez que lo hacemos”, afirmó.

La decisión, explicó, responde a una situación que ha escalado progresivamente desde 2025, con reducciones presupuestales, ajustes internos y despidos.

El punto crítico está en la proyección para 2027: una posible disminución cercana al 60% en la financiación. Para los trabajadores, lo anterior afecta la operación institucional y representa un golpe estructural a la generación de conocimiento en el sector agropecuario.

La preocupación no se limita a la estabilidad laboral. Rúa insistió en que el problema es más profundo: “La ciencia y la tecnología en Colombia son de los rubros menos financiados, y menos aun cuando se trata del agro”, anotó.

Esta falta de inversión, advirtió, limita la capacidad de responder a desafíos como el cambio climático, la degradación de suelos y la productividad ganadera y agrícola.

En regiones como el Caribe seco, donde las condiciones climáticas son cada vez más extremas, la investigación aplicada resulta vital. Tecnologías para el manejo de suelos, adaptación de cultivos y sistemas productivos sostenibles dependen directamente de estos procesos científicos.

Sin ellos, el riesgo es una caída en la eficiencia productiva y, en consecuencia, en la disponibilidad de alimentos.

Además, Agrosavia ha consolidado durante décadas una red de conocimiento que articula academia, productores y comunidades rurales. Este modelo, basado en innovación abierta, podría debilitarse si se reducen los recursos y el talento humano.

Bancos de germoplasma

Uno de los puntos más sensibles del debate es el manejo de los bancos de germoplasma, considerados patrimonio biológico de la Nación. Estos repositorios conservan recursos genéticos fundamentales para la seguridad alimentaria y la adaptación a nuevas condiciones ambientales.

Según Rúa, decisiones recientes podrían afectar la custodia técnica y científica de estos bancos.

“Son una riqueza invaluable. Lo que pedimos es que se replanteen las decisiones para no debilitar lo que se ha construido durante más de 30 años”, señaló.

El riesgo, advirtieron, es que se diluya la capacidad del Estado para garantizar la conservación y el uso estratégico de estos recursos, lo que tendría implicaciones directas en la soberanía alimentaria.

Ciencia y campo

El impacto de esta coyuntura no se limita a los centros de investigación. En el terreno, productores ganaderos y agrícolas dependen de las soluciones tecnológicas que emergen de estas instituciones. Desde semillas mejoradas hasta prácticas de manejo sostenible, el conocimiento generado se traduce en productividad y resiliencia. (Lea en CONtexto ganadero: Cada peso invertido en Agrosavia se devuelve el triple en beneficio del campo)

La posible reducción de capacidades también implica una pérdida acumulada de capital humano altamente calificado: investigadores, técnicos y profesionales que han construido una trayectoria al servicio del sector rural.

“Dolería muchísimo que estas iniciativas se terminaran”, expresó Rúa, al referirse a programas de formación, transferencia tecnológica y acompañamiento a comunidades campesinas.