La expansión de grupos armados y el uso de redes sociales están cambiando la forma en que se vincula a jóvenes en zonas rurales. Jouseph Aly Hoyos, analista político, advirtió que ya no acuden a la fuerza, sino también a la manipulación, el dinero y el control territorial.

El reciente rescate de 12 jóvenes en Antioquia volvió a encender las alarmas sobre el reclutamiento de menores en Colombia, especialmente en regiones rurales donde los grupos armados ilegales mantienen influencia sobre comunidades campesinas, productores y familias ganaderas.

En conversación con CONtexto, Jouseph Aly Hoyos, estudiante de ciencia política y administración de empresas, aseguró que el problema no solo aumenta, también está mutando.

El reclutamiento de menores dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una expresión del deterioro de la seguridad rural. Según Hoyos, a mayor expansión territorial de los grupos armados, mayor necesidad de integrantes, milicianos y redes de apoyo. (Lea en CONtexto ganadero: Masacre de Jamundí sacude la Paz Total y revela reclutamiento forzado)

El analista sostuvo que en 2019 había cerca de 212 municipios con presencia de grupos armados, cifra que habría subido a 428 en 2022 y a 518 en 2025. Para Hoyos, ese crecimiento muestra expansión territorial y una descentralización del poder criminal.

Esta situación golpea con especial fuerza a zonas donde la presencia institucional es débil y donde la economía ilegal, la extorsión y el miedo terminan reemplazando la autoridad del Estado.

Hoyos sostuvo que la política de Paz Total ha dejado vacíos de autoridad que han sido aprovechados por estructuras criminales. En su análisis, esa “mano débil” frente a los grupos armados les habría permitido ganar terreno, fortalecer economías ilegales y aumentar su capacidad de presión sobre la población civil.

Reclutamiento: forzado y sicológico

Uno de los puntos más preocupantes planteados por Hoyos es la transformación del método. Antes, el reclutamiento era entendido principalmente como una práctica forzada. Hoy, afirmó, también opera a través de mecanismos sicológicos, digitales y económicos.

Según su explicación, grupos ilegales estarían usando cuentas falsas en redes sociales, especialmente en plataformas como TikTok, para idealizar la vida armada. Allí se proyecta una imagen de poder, dinero, autoridad y reconocimiento, dirigida a jóvenes vulnerables que viven en territorios marcados por pobreza, abandono estatal y convivencia cotidiana con la violencia.

“Ya no hablamos solo de un reclutamiento forzado en el que van a buscar a los niños, sino de niños que empiezan a buscar a la guerrilla”, advirtió Hoyos. Para él, esa es la señal más grave, cuando el grupo armado deja de verse como amenaza y empieza a percibirse como autoridad o proyecto de vida. (Lea en CONtexto ganadero: Reclutamiento de menores: ¿discusión bizantina?)

La ruralidad aparece como el escenario más vulnerable. Hoyos mencionó prácticas como la carnetización, multas, coerción y sistemas de puntos usados por estructuras armadas para imponer control social. En algunos territorios, aseguró, esas organizaciones actúan como si fueran gobierno.

También señaló que existen pagos o incentivos económicos para quienes apoyan o ingresan a estas redes. Según Hoyos, en algunas zonas los pagos podrían estar entre 1,2 y 1,5 millones de pesos, una suma atractiva en municipios con pocas oportunidades laborales.

El caso del Clan del Golfo también preocupa. Hoyos afirmó que esta estructura habría pasado de cerca de 4.090 integrantes en 2022 a aproximadamente 8.945 en la actualidad, sin contar redes de apoyo. Ese crecimiento, dice, aumenta la necesidad de captar jóvenes y fortalecer estructuras locales.

Cifras dispersas

Hoyos insistió en que existe un subregistro. Según su análisis, el margen de error en los conteos podría estar entre 20% y 25%, debido al miedo a represalias, la coerción y la falta de bases de datos centralizadas.

En materia de reclutamiento, señaló que algunas organizaciones humanitarias han hablado de cerca de 1.700 niños instrumentalizados en 2024, mientras que la Defensoría del Pueblo habría reportado inicialmente cerca de 400 casos y luego alrededor de 573. Además, recordó que la JEP ha documentado históricamente 18.677 víctimas relacionadas con reclutamiento.

Hoyos también advirtió que el deterioro de la seguridad no se limita al reclutamiento. Según sus registros, desde 1996 hasta el cierre de 2025 se contabilizarían 28.181 casos de secuestro en el país, muchos de ellos marcados por impunidad, cautiverio prolongado o falta de información para las familias.

Para Hoyos, la conclusión es que el aumento del reclutamiento, el secuestro, la extorsión y las economías ilegales evidencia una crisis de seguridad que no puede normalizarse. Su llamado es a mirar el fenómeno no como una estadística, sino como una tragedia humana que afecta niños, familias campesinas y comunidades productivas.