Más de 2.000 personas se han desplazado de la zona rural de Briceño y cerca de 200 en Anorí, tras combates entre el Frente 36 de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. La Defensoría del Pueblo solicitó medidas integrales de protección y asistencia humanitaria inmediata.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que adopte medidas inmediatas de atención y protección a las comunidades afectadas por los recientes enfrentamientos armados registrados en la zona rural de los municipios de Briceño y Anorí, en el norte de Antioquia.

De acuerdo con la entidad, los choques entre integrantes del Frente 36 de las disidencias de las extintas Farc y miembros del Clan del Golfo provocaron desplazamientos masivos y la instalación de minas antipersonal en varios sectores.

En Briceño, con corte al 19 de octubre, 2.031 personas provenientes de 23 veredas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, una cifra que supera la capacidad de atención del municipio. (Lea en CONtexto ganadero: Defensoría celebra fallo de la Corte que respalda Jurisdicción Agraria y Rural)

La Defensoría recordó que desde 2019 permanece activa la Alerta Temprana 035, en la que ya se advertía el riesgo de desplazamientos, confinamientos, asesinatos y enfrentamientos entre grupos armados.

En el municipio de Anorí, los combates ocurridos en la vereda Los Trozos, específicamente en los sectores Tenche Limón, Tenche Salino y Taca Mocho, obligaron a 176 personas a desplazarse hacia zonas más seguras.

Desde el inicio de la emergencia, la Defensoría ha participado en el Subcomité de Prevención y Protección y en el Comité de Justicia Transicional, además de mantener diálogo con lideresas y líderes sociales, las administraciones locales y la Gobernación de Antioquia.

También se han articulado acciones con la Personería Municipal y organismos de cooperación internacional. (Lea en CONtexto ganadero: Defensoría rechaza secuestros en Arauca y advierte que van 51 víctimas en 2025)

La entidad rechazó las acciones que ponen en riesgo a la población civil y constituyen violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Recordó que esta zona de Antioquia ha sido históricamente disputada por grupos armados ilegales debido a su ubicación estratégica, la presencia de economías ilícitas y su función como corredor de movilidad hacia el Bajo Cauca y el nordeste del departamento.