Mensajes intimidantes, cobros ilegales y desplazamiento de líderes del gremio revelan una crisis silenciosa que pone en riesgo empleo, inversión y visitantes en uno de los corredores más emblemáticos del Atlántico. Comunidad manifestó este lunes 13 de abril.

El municipio de Baranoa, Atlántico, enfrenta una creciente presión sobre su actividad gastronómica más representativa. Comerciantes del reconocido corredor del chicharrón de cerdo denunciaron que, desde hace meses, reciben amenazas mediante mensajes en los que se les exige dinero para poder operar.

La situación, que se ha intensificado en el último año, coincide con un aumento de hechos violentos en la región y evidencia fisuras en la capacidad de respuesta institucional. (Lea en CONtexto ganadero: Crimen de mujer tras consejo de seguridad se suma a la ola de violencia que sacude a Sabanagrande)

El negocio del chicharrón no es solo una tradición culinaria: es una fuente de ingresos para decenas de familias y un atractivo que dinamiza el turismo local. Cada fin de semana, visitantes llegan atraídos por la oferta gastronómica que ha posicionado al municipio como parada obligada en el Atlántico.

Sin embargo, ese crecimiento también lo convirtió en objetivo. Comerciantes consultados aseguraron a CONtexto ganadero que grupos delincuenciales han identificado el flujo económico del sector y lo utilizan como base para exigir pagos periódicos. “Saben que aquí se mueve dinero y por eso nos tienen en la mira”, señaló Carlos*.

El impacto se traduce en la reducción en la afluencia de clientes en algunos puntos, temor entre trabajadores y decisiones de inversión aplazadas.

Las denuncias coinciden en un patrón: mensajes vía aplicaciones móviles, amenazas con plazos de respuesta de hasta 24 horas y advertencias de represalias violentas en caso de no cumplir. En algunos casos, los extorsionistas envían fotografías de los establecimientos, lo que incrementa la sensación de vigilancia permanente.

Comerciantes afirman que estas operaciones tendrían origen en centros carcelarios, desde donde se coordinan las intimidaciones con apoyo de personas en el exterior. Aunque las autoridades han señalado que se trata de delincuencia común, la recurrencia y organización de los hechos generan dudas en el gremio.

Respuesta institucional

El aumento de denuncias llevó a reforzar la presencia policial en la zona, con la llegada de nuevos uniformados. Sin embargo, para los comerciantes, las medidas han sido reactivas y no estructurales.

La principal crítica apunta a la falta de control en los centros de reclusión, desde donde, según las autoridades, se originan muchas de estas amenazas. La circulación de celulares y acceso a internet dentro de las cárceles es señalada como un factor clave que permite la continuidad del delito.

También existe una brecha en la protección, pues quienes han visibilizado el problema han recibido acompañamiento, pero muchos otros prefieren el silencio por temor a represalias.

La situación ha trascendido lo económico porque el miedo ha modificado rutinas, reducido horarios de atención y generado incertidumbre entre trabajadores. Casos recientes de violencia en el municipio y en poblaciones cercanas han reforzado la percepción de inseguridad.

El problema ya no es solo del comerciante: “es de todos”, advirtió el comerciante.

Una comunidad que no se calla

Frente a este panorama, la ciudadanía ha comenzado a movilizarse. El pasado 13 de abril, cientos de personas salieron a marchar con banderas blancas y mensajes de rechazo a la violencia. La manifestación reunió a distintos sectores sociales, desde estudiantes hasta líderes comunitarios.

Finalmente, el comerciante aseguró que el objetivo es recuperar la tranquilidad y evitar que la inseguridad termine por afectar la identidad y el desarrollo del municipio. (Lea en CONtexto ganadero: “¿Para quién trabajo?”: el grito del ganadero golpeado)

Si no se logra contener esta escalada, el costo no solo se medirá en vidas, sino en la pérdida de confianza, inversión y desarrollo en una región que hoy enfrenta uno de sus momentos más críticos.

Como lo advirtió el coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, la única forma de enfrentar esta situación es a través de la articulación entre comunidad, autoridades y fuerza pública: “Somos más los buenos… y debemos estar unidos”.

\Nombre cambiado a petición de la fuente*