Como en otras regiones del país, un grupo importante de campesinos agrícolas y ganaderos del Carmen de Bolívar ha resultado afectado por la mala aplicación de la Ley de Restitución de tierras.   CONtexto ganaderoconoció el caso de Carlos Torres, un campesino que fue víctima del conflicto armado y hoy en día lo es del Estado. Una historia que refleja la problemática que está generando la aplicación de una Ley que viene afectando a personas de bien que se encuentran en el campo.   Torres es un hombre de origen humilde. Nació y creció en una pequeña finca en el Carmen de Bolívar y junto a su familia fueron víctimas de la masacre que ocurrió en el corregimiento El Salado, razón por la cuál les tocó salir desplazados. Lea: Ganaderos son víctimas del programa de restitución de tierras)

"Cuando nos tocó salir huyendo, nos robaron el ganado que teníamos y nos quemaron la finca que era de mi papá", relató.    Con esfuerzo logró salir adelante, estudiar y trabajar en una importante empresa durante muchos años. Empezó como operador y poco a poco fue ascendiendo hasta alcanzar una buena posición. 

En 2005 decidió comprar unas tierras en El Salado a un amigo cercano de la familia e hicieron el traspaso en 2006. Al año adquirió otra parcela cerca de la que ya tenía para armar una finca junta a la de su padre. La razón por la cuál invirtió en los terrenos fue porque su sueño era pasar su vejez en su tierra.    Cuando compró los terrenos eran solo monte, por ello empezó a trabajar las tierras y a apostarle a la ganadería a pequeña escala.  (Lea: Productores del Carmen de Bolívar son víctimas de Ley de Restitución)

En el momento en el que recibió la notificación que 2 de sus predios estaban siendo solicitados en restitución, no lo podía creer. El argumento, actuar de mala fe al comprar tierras a un precio muy económico.    "La razón por la cual adquirí los predios a un monto bajo fue por en esa época las tierras en El Salado no valían nada. Por un lado era zona roja y por otro no habían carreteras. Nadie quería comprar allí", expuso.    Indicó que presentó un sinnúmero de pruebas para demostrar que no había actuado de mala fe, documentos que mostraban los precios en los que se vendían las tierras en esa época, cartas con las firmas de muchos habitantes de El Salado que manifestaban que lo conocían a él y a su familia y por supuesto cartas laborales que demostraban que no era ningún delincuente, guerrillero o paramilitar, sino que había trabajado por mucho tiempo en una buena empresa.   Lo paradójico de la situación es que recibió un fallo en contra y otro a favor, cuando ambos predios los adquirió en las mismas condiciones. "Según esta Ley, ya actué de mala fe en la compra de unas tierras y de buena fe cuando adquirí las otras", comentó.   Torres aseguró que no va a entregar el predio porque él lo compró honestamente y está rodeado por la finca de su papá y por las otras tierras que tiene. (Lea: Indignación por afán de Unidad de Restitución en mostrar resultados)   Manifestó que si la Unidad de Restitución le quiere quitar su tierra para entregársela al hombre a quien él se la compró, se la deban comprar y él la entrega.    "Yo me estoy viendo afectado porque se quieren aprovechar del hecho que yo trabajé en una buena empresa. Me dicen que por qué no me declaré como una víctima de la masacre. Yo no lo hice porque no quería depender de nadie. Nosotros somos personas acostumbradas a trabajar y a que nadie nos regale nada. Simplemente queríamos tener una mejor vida", aseveró.     Como estos, los casos se cuentan por miles en el país. Aunque se han venido lanzando alertas, gran parte de la población que se encuentra en los campos de Colombia parece no haber dimensionado la magnitud de un problema que con el paso del tiempo podría llegar a ser de inmensas proporciones. Si usted es víctima o quiere reportar algún caso escríbanos al correo info@contextoganadero.com.