En entrevista exclusiva para CONtexto, Gustavo Marulanda Morales, director general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), explicó cómo se construyeron los avalúos catastrales rurales que hoy tienen en pie de guerra a productores de varias regiones del país que están preocupados por los ajustes impagables que han suscitado los bloqueos viales que tienen en jaque la economía y el abastecimiento del país.

Según Marulanda, no existe una metodología única para valorar los predios rurales, sino una combinación de métodos respaldados por la normatividad vigente. En zonas con vocación agropecuaria, el peso central lo tienen la capacidad productiva del suelo, su rentabilidad y variables como disponibilidad de agua, topografía, acceso y características del terreno.

El funcionario destacó que el IGAC ha profundizado sus estudios agrológicos y que hoy cuenta con millones de hectáreas actualizadas con áreas homogéneas de tierra y estudios semidetallados, lo que, en su criterio, permite un análisis más preciso del uso, la vocación y las limitaciones de cada zona.

En CONtexto, Marulanda, afirmó que el avalúo catastral y el impuesto predial son dos cosas distintas. Para aclararlo, amplió que el IGAC fija el valor del predio, pero son los municipios, sus alcaldes y concejos, quienes determinan la tarifa del tributo. Por eso, el director insistió en que el impuesto no debería crecer en la misma proporción que el avalúo, pues los gobiernos locales tienen herramientas para moderar ese impacto sobre pequeños y medianos propietarios.

El funcionario reconoció que en procesos masivos como este pueden presentarse inconsistencias, y aseguró que el instituto adelanta revisiones cuando detecta cambios de uso, nuevas restricciones ambientales o situaciones que afecten la valoración real de un predio.

Petro endurece el tono

El presidente Gustavo Petro llevó esa tesis al terreno político. En su mensaje en X aseguró que el aumento de los avalúos busca poner al día el catastro y que la tarifa del impuesto la definen alcaldes y concejos. También afirmó que “los ricos paguen impuestos” es el propósito de fondo y pidió que las autoridades locales tramiten acuerdos para reducir la carga de la población pobre y trabajadora.

Pero el punto de quiebre estuvo en su advertencia a los alcaldes. Petro afirmó que quienes no presenten las iniciativas necesarias para modificar la tasa predial alteran el orden público y “salen de inmediato de su cargo por orden” suya. Esa frase desató una tormenta política inmediata, porque la discusión dejó de ser solo sobre tributos rurales y pasó a tocar los límites del poder presidencial frente a mandatarios elegidos por voto popular.

Asocapitales responde

Asocapitales rechazó de manera categórica las declaraciones del presidente y advirtió que ese tipo de manifestaciones desconocen la dignidad institucional de alcaldes y alcaldesas, además de generar un ambiente de presión indebida. La asociación recordó que en una democracia constitucional no se puede insinuar la remoción de autoridades locales por fuera de los mecanismos legales y judiciales establecidos.

Con esa reacción, el conflicto tomó una dimensión mayor. Ya no se debate únicamente si los avalúos fueron altos, bajos o técnicamente sustentados. También está en juego la relación entre la Nación y los gobiernos territoriales, el respeto al debido proceso y la autonomía local.

Lo que ocurre hoy en el país es la convergencia de tres tensiones: la inconformidad del sector ganadero, la defensa técnica del Gobierno y del IGAC, y el choque institucional que abrió la intervención presidencial. Ese cruce explica por qué la controversia sigue creciendo.

Para el campo, el riesgo es seguir cargando con valores que considera ajenos a su realidad productiva. Para los municipios, la presión recae sobre la necesidad de revisar tarifas y amortiguar el golpe social. Y para el Gobierno, el desafío está en resolver el conflicto sin profundizar una disputa sobre autoridad y democracia local que puede terminar siendo tan costosa como el propio predial.