Un levantamiento de información en más de 17.000 predios revela presiones económicas directas sobre productores que no coinciden con los reportes institucionales. La diferencia en la forma de medir el riesgo podría estar ocultando el verdadero impacto en la producción bovina regional.

En 2025, durante el ciclo de vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis bovina, una encuesta aplicada a 18.654 personas en 16 municipios de Caquetá evidenció 938 incidentes de inseguridad rural en 17.300 predios, con la extorsión como el delito más recurrente.

El ejercicio, liderado por Fedegán–FNG, plantea una lectura distinta a la de los informes oficiales, pues mientras el Estado habla de control territorial y conflicto armado, en el campo la presión económica directa sobre el productor se consolida como la principal amenaza.

El ejercicio de recolección de datos, que procesó más de 20.000 registros, permite trazar una radiografía precisa de lo que ocurre en la ruralidad ganadera. De las personas encuestadas, 12.970 fueron hombres, 5.498 mujeres y 186 empresas, lo que refleja una cobertura amplia del tejido productivo.

Los resultados muestran que, aunque algunos delitos presentan disminuciones, la problemática sigue siendo estructural. La extorsión registró 713 casos, consolidándose como el principal factor de presión económica.

El hurto, por su parte, aumentó a 325 casos. Otros delitos como abigeato, carneo, invasión de tierras y secuestro reportaron cifras menores: 8, 3, 6 y 11 casos respectivamente. (Lea en CONtexto ganadero: Robos, extorsiones y miedo: el drama ganadero en los primeros 12 días de 2026)

Para el general (r) Fernando Murillo, líder de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz de Fedegán-FNG, estos datos demuestran que la información recogida directamente en predios rurales permite entender con mayor precisión cómo operan las dinámicas de inseguridad que afectan la producción ganadera.

Zona presionada

El análisis territorial evidencia una concentración clara de los incidentes. San Vicente del Caguán encabeza la lista con 351 casos, seguido de La Montañita con 188, El Paujil con 139, Curillo con 117 y Albania con 38.

A nivel veredal, el impacto es aún más específico. En Arenoso, jurisdicción de San Vicente, se reportaron 33 casos de extorsión. En Morros, La Montañita, se registraron 42 hurtos y un caso de extorsión. En la vereda El Paujil, del municipio que lleva el mismo nombre, hubo 26 incidentes de extorsión.

En la zona de Nutria, en Curillo, se combinaron 10 casos de extorsión y 11 de hurto. En Albania, la vereda Argentina concentró 6 de extorsión y 2 de hurto. Estos datos muestran que la inseguridad no es homogénea, sino focalizada, con afectaciones concretas en territorios específicos donde la actividad ganadera es clave.

Misma realidad

El contraste con la información oficial revela una brecha significativa, pues mientras los datos de terreno identifican la extorsión como el delito más recurrente, las fuentes públicas, como la Defensoría del Pueblo, abordan el riesgo desde una perspectiva más amplia, centrada en control territorial, conflicto armado y economías ilegales.

En municipios como Cartagena del Chairá y zonas del Bajo Caguán, los informes oficiales destacan escenarios de confrontación y presencia de grupos armados, pero no cuantifican con el mismo nivel de detalle la presión económica que enfrentan los ganaderos.

Lo mismo ocurre con el hurto. Aunque se registran 325 casos en la información sectorial, la narrativa institucional se enfoca en capturas y operativos, sin desagregar el impacto en veredas o sistemas productivos. Esto, según el análisis, genera una subrepresentación del problema en términos prácticos.

Uno de los hallazgos más reveladores es la baja incidencia del abigeato, con apenas 8 casos reportados. Esto rompe con la percepción tradicional de que el robo de ganado es el principal problema del sector.

En cambio, la evidencia sugiere que la afectación es más económica y operativa que patrimonial directa. La extorsión y el hurto están modificando la forma en que los productores toman decisiones, invierten y operan en sus predios.

En paralelo, los reportes oficiales insisten en fenómenos como desplazamientos y confinamientos, lo que indica que existen dos niveles de impacto: uno estructural, asociado al conflicto, y otro inmediato, que golpea directamente la rentabilidad del negocio ganadero.

En departamentos como Vaupés y Amazonas, las alertas tempranas advierten sobre la presencia de estructuras disidentes y riesgos en corredores estratégicos. Sin embargo, no existen datos sectoriales consolidados que permitan medir el impacto específico en la ganadería.

El patrón regional muestra un entorno de inestabilidad ligado al control territorial, pero en Caquetá esa dinámica ya se traduce en cifras concretas: extorsión, hurto y afectación directa a la operación productiva. (Lea en CONtexto ganadero: Inseguridad rural deja 10 casos y 42 reses afectadas en una semana)