Barranquilla, así como Soledad y otros municipios enfrentan una escalada criminal que combina homicidios, sicariato, extorsión y control territorial. La preocupación ya no está solo en las cifras de muertos, sino en el miedo que altera la vida diaria, frena el comercio y golpea la confianza para trabajar, desplazarse e invertir. Análisis del abogado y analista del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Arturo García Medrano.

La mañana del pasado sábado 4 de julio fue una de las más difíciles del año para varias empresas y negocios el departamento del Atlántico, donde se tuvo que optar por reorganizar de emergencia las operaciones con el fin de garantizar el regreso seguro a sus casas de trabajadores que residen en Soledad, municipio del área metropolitana de Barranquilla.

Y es que mientras los equipos ajustaban horarios y se buscaban alternativas de transporte, el municipio amanecía prácticamente desierto tras la circulación de panfletos intimidatorios que advertían supuestos toques de queda y represalias para el que no lo cumpliera.

Se trató de un episodio que terminó reflejando una realidad que ya golpea al comercio en esta zona del país por cuenta de la violencia y la extorsión que dejaron de ser un problema exclusivamente de seguridad para convertirse en una amenaza directa contra la actividad económica.

Lo anterior ocurrió en el inicio de junio, pero el cierre de junio dejó al Atlántico sometido a una crisis que desbordó el terreno policial y empezó a sentirse en la economía cotidiana.

Barranquilla, Soledad, Malambo y otros municipios reportaron una escalada de homicidios y ataques sicariales que ha obligado a comerciantes, tenderos y emprendedores a cambiar horarios, cerrar locales o esconder sus negocios por temor a extorsiones. (Lea en CONtexto ganadero: El búfalo, la joya productiva que complementa y fortalece la ganadería en Colombia)

El abogado y analista del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Arturo García Medrano, advirtió en CONtexto que el fenómeno no puede leerse como un pico pasajero.

A su juicio, el cierre de junio y el comienzo de julio exponen un punto crítico por la frecuencia de los homicidios y por la repetición de hechos sicariales colectivos.

“Se han dado muertes violentas que a mi criterio no corresponden a un pico pasajero. El mes de junio terminó con 116 muertes violentas en el departamento, algo que nunca se había conocido en las últimas dos décadas”, señaló García Medrano.

El problema ya no se concentra únicamente en Barranquilla. Según el analista, Soledad, Malambo y otros municipios del Atlántico, sobre todo los del área metropolitana, muestran señales de expansión criminal, con estructuras que se mueven por barrios, corregimientos y zonas estratégicas.

El caso de Malambo refleja esa dispersión del problema. El analista aseguró que allí la violencia criminal pasó de cifras mínimas a 12 asesinatos en el último mes, con presencia de estructuras que estarían disputando rentas ilegales y control territorial.

Detrás de los homicidios García Medrano identifica una red más amplia de organizaciones criminales. No se trataría, según él, de una sola banda, sino de varias estructuras con capacidad de operar en Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa, Puerto Colombia y zonas costeras.

“Hay una federación de organizaciones criminales. No son solamente los Pepes, los Costeños o la llamada Nueva Generación”, afirmó el analista, tras advertir que nuevas agrupaciones estarían ganando espacio en distintos territorios.

El interés de estas estructuras no estaría limitado al sicariato. De acuerdo con García Medrano, también hay rentas ilegales asociadas a extorsión, control de ventas de tierras, dominio de barrios y presión sobre pequeños negocios.

Comerciantes bajo presión

El impacto económico no se mide solo en grandes empresas. El golpe más inmediato lo sienten tenderos, pequeños comerciantes, transportadores, vendedores de apuestas y emprendedores que dependen del flujo diario de clientes.

García Medrano advirtió que muchos negocios han optado por ocultarse para evitar ser identificados por estructuras extorsivas. Esa decisión cambia la lógica tradicional del comercio: menos avisos, menos visibilidad y más ventas desde la casa o mediante redes sociales. Se ha vuelto normal ver ver supermercados, tiendas de barrio y entidades bancarias con sus fachadas protegidas y sin prestar servicios en horarios laborales.

“La gente ha tenido que llevarse su pequeño emprendimiento a su casa, obviar lo que es publicidad, prácticamente vivir en la clandestinidad para evitar que estas estructuras criminales sigan dentro de esa cadena de sometimiento económico”, dijo.

El costo de esa dinámica todavía no está plenamente cuantificado. Sin embargo, el efecto ya se percibe en la prevención de quienes quieren invertir, abrir una tienda, montar una farmacia o sostener un punto de venta en el área metropolitana.

Respuesta ausente

Para García Medrano, la estrategia oficial no puede limitarse a más motos, CAI, estaciones o aumentos parciales de pie de fuerza. Aunque considera necesaria la presencia policial, insiste en que el problema exige inteligencia, focalización territorial e intervención social. (Lea en CONtexto ganadero: ¡Luto en el campo! Gremio lamenta asesinato del ganadero Vicente Mercado)

“Indiscutiblemente hay fallas en la estrategia de inteligencia. Hay necesidad de intervenir prontamente con toda la estructura del Gobierno a 32 barrios de Barranquilla, 28 barrios de Soledad, 9 barrios en Malambo y 4 barrios en Puerto Colombia”, sostuvo.