Las nuevas masacres registradas en Cauca y Antioquia, junto al asesinato de un líder político en Meta, profundizaron las alertas sobre la expansión territorial de grupos armados ilegales y el deterioro de la seguridad en varias regiones del país. Mientras Indepaz reporta 55 masacres y cientos de víctimas mortales, crecen los cuestionamientos sobre la capacidad institucional para contener la violencia.

Entre el 15 y el 18 de mayo, Colombia volvió a enfrentar uno de los fines de semana más violentos del año. En Cauca y Antioquia fueron asesinadas diez personas en tres masacres registradas por Indepaz, mientras que en Meta hombres armados acabaron con la vida del líder político Rogers Mauricio Devia Escobar, uno de los líderes de la campaña del candidato Abelardo de la Espriella.

Los hechos ocurrieron en regiones donde la Defensoría del Pueblo había emitido reiteradas alertas sobre el riesgo para la población civil debido al avance de grupos armados ilegales y las disputas por el control territorial.

La nueva escalada violenta volvió a evidenciar un patrón que se repite en distintas regiones del país relacionado con la consolidación de estructuras criminales, imposición de normas ilegales, asesinatos selectivos y debilitamiento de la capacidad estatal para contener la expansión armada.

Las cifras muestran un deterioro sostenido frente a años anteriores. En 2025 fueron registradas 78 masacres con 256 víctimas durante todo el año, mientras que en 2023 se documentaron 93 casos y cerca de 300 personas asesinadas.

Para organizaciones defensoras de derechos humanos, la continuidad de estos hechos refleja una crisis humanitaria que sigue extendiéndose en territorios históricamente golpeados por la violencia

La preocupación también aumenta por la presencia cada vez más visible de estructuras armadas ilegales que continúan consolidando control sobre corredores estratégicos, economías ilícitas y zonas rurales donde las comunidades denuncian amenazas, desplazamientos y restricciones impuestas por actores armados. (Lea en CONtexto ganadero: Más erradicación, ¿menos narcotráfico? Las cifras que no cuadran en 2026)

Seguimiento de tragedias

La noche del pasado 17 de mayo, en la vereda La Palomera, en Santander de Quilichao, Cauca, fueron hallados los cuerpos de tres hombres con impactos de arma de fuego sobre una vía rural. Junto a los cadáveres apareció un cartel alusivo a las Farc, señaladas como presuntas responsables del crimen.

La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre el riesgo extremo en la zona mediante la Alerta Temprana 013 de 2025 y la AT 036 de 2023. Ambas advertencias señalaban la expansión del Frente Dagoberto Ramos y otras estructuras armadas vinculadas al control territorial y economías ilícitas.

Un día antes, en Marinilla, Antioquia, cuatro personas fueron asesinadas en la vereda Altos del Mercado. Las víctimas, entre ellas ciudadanos venezolanos y un colombiano, habrían sido atacadas por hombres armados en medio de disputas criminales.

En esa región, la Defensoría también alertó sobre la imposición de gobernanza ilegal por parte del Clan del Golfo y bandas locales

En Andes, Antioquia, otras tres personas fueron sacadas de una mina y posteriormente asesinadas.

Según información preliminar, los responsables serían integrantes del Clan del Golfo. La Defensoría había advertido desde años atrás sobre el riesgo de graves violaciones a los derechos humanos en el suroeste antioqueño por la disputa territorial entre grupos armados.

Las masacres reflejan una constante que se repite en distintos departamentos: las advertencias institucionales existen, pero la violencia continúa expandiéndose.

En todos los casos registrados durante el fin de semana, la Defensoría del Pueblo había emitido alertas tempranas sobre amenazas contra la población civil, presencia de estructuras ilegales y riesgo de homicidios selectivos. Sin embargo, las acciones preventivas no lograron evitar las nuevas tragedias. (Lea en CONtexto ganadero: Las cifras del horror: Colombia sumó 51 masacres y 54 líderes asesinados en 2026)

Para Indepaz, el crecimiento de las masacres está ligado al fortalecimiento territorial de organizaciones armadas que disputan corredores estratégicos, narcotráfico, minería ilegal y otras economías ilícitas en diferentes regiones del país.

En el caso de Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral y coordinador político del movimiento Defensores de la Patria, se conoció que fue asesinado mientras se movilizaba en motocicleta por una vía nacional en Meta.

Con su muerte, ya son 59 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en 2026, según Indepaz.

La Defensoría había advertido que cerca de 26 mil habitantes de Cubarral enfrentaban alto riesgo de violaciones a los derechos humanos debido a homicidios selectivos, amenazas, extorsiones y presencia de estructuras armadas ilegales.

Debate sobre seguridad

Las alertas institucionales y los registros de organizaciones sociales también han venido acompañados de cuestionamientos sobre la estrategia de seguridad del Gobierno nacional. La Fundación Escuela Libertad aseguró, con base en su observatorio de Derechos Humanos, monitoreo de fuentes abiertas, reportes territoriales y seguimiento a hechos de violencia, que desde el inicio del actual gobierno Colombia ha registrado 334 masacres y al menos 1.053 víctimas directas identificadas entre 2023 y lo corrido de 2026.

La organización advirtió, además que, de mantenerse la tendencia actual, 2026 podría convertirse en el año con mayor número de masacres del actual período presidencial.

Según la fundación, los territorios con mayores niveles de violencia coinciden con zonas donde operan estructuras armadas ilegales y donde el Gobierno nacional lleva a cabo procesos de diálogo con organizaciones armadas.

Finalmente, desde esa lectura, la Fundación considera que los avances en negociación no se han traducido en mayores condiciones de protección para las comunidades ni en una reducción sostenida de los hechos violentos.