Cinco personas asesinadas y otra herida fue el saldo que dejó un ataque armado en vereda estratégica entre Popayán y Cajibío y que incluyó el bloqueo de una ambulancia. Para la líder indígena Diana Perafán, el crimen no puede leerse solo como un expediente penal: revela fracturas de autoridad, disputa por corredores rurales y una presión creciente sobre comunidades productivas que viven entre el miedo y el silencio.

Hacia el mediodía del pasado jueves 8 de abril, en la vereda La Meseta, zona rural ubicada entre Popayán y Cajibío, varios hombres armados que se movilizaban en dos camionetas y varias motocicletas irrumpieron en una vivienda y dispararon contra 6 personas, dejando a cinco de ellas muertas y a una herida fuera del inmueble.

En medio del ataque, según reportes conocidos en la zona, también fue bloqueado el paso de una ambulancia que intentaba llegar al lugar. (Lea en CONtexto ganadero: 35 masacres y 133 asesinatos en 1er trimestre de 2026 desnudan la inseguridad rural en Colombia)

La matanza volvió a poner sobre la mesa una pregunta que en el Cauca se repite con frecuencia: ¿quién manda realmente en el territorio y qué margen de vida le queda a la ruralidad cuando el Estado llega tarde, débil o, simplemente, no llega?

La ubicación de La Meseta, entre Popayán y Cajibío, la convierte en un paso sensible para la movilidad, la conexión rural y el control de corredores estratégicos.

En departamentos como Cauca, donde la economía campesina, la ganadería de pequeña y mediana escala y el comercio veredal dependen de la seguridad en las vías, cada episodio de violencia tiene un efecto que va mucho más allá de las víctimas directas.

Cuando un grupo armado puede entrar a plena luz del día, asesinar dentro de una vivienda y frenar una misión de socorro, el mensaje que recibe el productor rural es que la autoridad formal no garantiza ni la vida ni la operación económica básica.

Tipificación penal y trasfondo social

Desde el punto de vista jurídico, Diana Perafán lo califica así: “es una masacre, un delito penal”. Sin embargo, la claridad legal contrasta con la incertidumbre sobre los responsables.

“No tenemos un autor definido”, advirtió. La razón, según explicó, es la coexistencia de múltiples grupos armados ilegales en la zona, lo que diluye la responsabilidad directa, pero refuerza la certeza relacionada en que el territorio está en disputa permanente.

Para Perafán, que no se identifiquen responsables plenamente responde a una lógica estructural del conflicto en la región. Considera que es consecuencia de una estructura en la que distintos actores armados operan simultáneamente y generan un escenario en el que la violencia ocurre sin trazabilidad clara y, en muchos casos, sin consecuencias.

El Cauca

La lectura de la líder indígena indicó que lo ocurrido en La Meseta es la expresión de un problema estructural.

“Hay 42 municipios sometidos al terrorismo, al vandalismo y a la delincuencia”, agregó.

En su visión, el departamento enfrenta una crisis de gobernabilidad en la que el Estado no logra ejercer control efectivo.

La situación, siguió refiriendo, ha llegado a niveles en los que grupos armados ilegales cumplen funciones que deberían ser institucionales. Desde control territorial hasta acciones de facto como vigilancia o castigo, lo que evidencia, según su postura, es la ausencia de una política de seguridad sólida.

El resultado es un territorio en el que la autoridad es difusa y la población no tiene claridad sobre quién ejerce el poder real.

Uno de los elementos más críticos que expone Perafán es el miedo generalizado. No se trata solo de violencia física, sino de una restricción profunda a la expresión. “En el Cauca no se puede hablar. Si hablas, te matan”, sentenció.

La batalla narrativa

Uno de los planteamientos más fuertes de Perafán es la existencia de una “batalla cultural”. Según su visión, en el Cauca no solo se disputa el territorio físico, sino también la interpretación de la historia.

Afirmó que existe un intento de “destruir la memoria” y reconfigurar los relatos históricos para generar nuevas lecturas políticas y sociales.

Para ella, este proceso alimenta el resentimiento, fragmenta el tejido social y facilita la legitimación de ciertas violencias. La caída de monumentos históricos o la reinterpretación de figuras del pasado forman parte de una disputa más amplia por el sentido del territorio.

“Cuando destruyes la historia, puedes crear una narrativa que justifique nuevas acciones”, concluyó.