Iris Marín, defensora del Pueblo advirtió riesgos extremos para la población civil, desplazamientos y afectaciones al año escolar, en un escenario que había sido alertado con antelación. El caso refleja cómo la ausencia de control estatal ha permitido el fortalecimiento armado en varias regiones.

Los combates registrados en zona rural del municipio de El Retorno, que dejaron al menos 26 personas muertas, expusieron una vez más el deterioro de la seguridad humanitaria en el Guaviare y reavivaron las críticas a la política de paz total, señalada por distintos sectores como un factor que ha facilitado la expansión territorial y militar de estructuras armadas ilegales.

Ante la magnitud de los hechos, la Defensoría del Pueblo lideró una misión humanitaria para la recuperación y gestión digna de los cuerpos, con acompañamiento internacional. En su comunicado, la entidad informó que la intervención buscó “facilitar la recuperación y gestión digna de los cuerpos de 26 personas, 5 mujeres y 21 hombres, al parecer combatientes”, tras enfrentamientos ocurridos en la vereda Cubay.

Sin embargo, el mayor foco de preocupación no está solo en el número de víctimas, sino en el riesgo inminente para la población civil. La Defensoría advirtió que tiene conocimiento de que “los actores armados persisten en mantener la confrontación en los próximos días”, lo que podría trasladar la violencia hacia el centro poblado de la vereda La Paz y otros sectores del municipio. (Lea en CONtexto ganadero: Rechazo unánime al atentado en Calamar, Guaviare, contra el alcalde y la fuerza pública)

#Guaviare
26 personas muertas, al parecer, en el marco de combates. Varias de ellas serían menores de edad (a la espera de confirmación por medicina legal).

Está situación habías sido advertida en el alerta 01/25.

Pedimos a las disidencias de Calarca y Mordisco no persistir… https://t.co/3E17wyA4mx

— Iris Marín Ortiz (@MarnIris) January 20, 2026

De concretarse ese escenario, alertó la entidad, “la comunidad campesina se encontraría en un riesgo extremo de quedar en medio del fuego cruzado, ser desplazada o confinada”, una situación que afectaría de forma directa derechos básicos y el tejido social rural. El comunicado también subraya que la continuidad de los combates podría “afectar el inicio del año escolar, entre otras graves afectaciones”, profundizando la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, recordó que este escenario no fue imprevisto. Según señaló, la situación “había sido advertida en la Alerta Temprana 01 de 2025”, lo que refuerza la percepción de una falla sistemática en la respuesta estatal para contener la expansión armada. (Lea en CONtexto ganadero: Paro armado paraliza al Guaviare: ni leche, ni insumos, ni salida para los ganaderos)

Desde el enfoque del derecho internacional humanitario, la Defensoría reiteró que las partes en conflicto deben “tomar todas las medidas para evitar o reducir al mínimo los riesgos o daños a la población civil” y abstenerse de causar “daños incidentales excesivos”. También recordó que la población civil “no puede ser objeto de ataque ni utilizada para proteger objetivos militares”, incluida la prohibición del uso de escudos humanos.

Este episodio en Guaviare se suma a otros registrados en distintas regiones del país, donde la reducción de operaciones ofensivas y la ambigüedad en los ceses han coincidido con el fortalecimiento de economías ilegales y disputas armadas. En ese contexto, la Defensoría instó al Gobierno a elevar con urgencia esta situación a la Mesa de Diálogos de Paz, mientras anunció que mantendrá presencia en el territorio para acompañar a las comunidades afectadas.